La demanda por «desmercantilizar» la educación se ha vuelto un lugar común. No sólo es habitual escuchar a jóvenes pertenecientes al movimiento estudiantil
La demanda por «desmercantilizar» la educación se ha vuelto un lugar común. No sólo es habitual escuchar a jóvenes pertenecientes al movimiento estudiantil abogando por una educación que no se rija por lógicas de mercado, sino también a académicos, como Fernando Atria, Juan Eduardo García Huidobro, Carlos Ruiz Encina y Alberto Mayol, entre muchos otros. En principio, es legítimo querer que el sistema educativo no se rija por las leyes del mercado. La mayor parte de la educación escolar, en particular la enseñanza básica, en la mayoría de los países europeos como Alemania, Inglaterra y Finlandia, así como también en Canadá, Estados Unidos y Australia, no se rige por el mercado, al menos no directamente. Sin embargo, las medidas que proclaman los defensores de una educación fuera del mercado no apuntan a eliminar el mercado de la educación, sino más bien a regularlo. Quienes creen lo contrario fundan sus argumentos en una comprensión de mercado que al menos resulta discutible.
La palabra mercado proviene de la palabra latina mercatus, que significaba comercio, sitio donde tiene lugar el comercio y festividad pública. Según la Real Academia de la Lengua, la palabra mercado, en su segunda acepción, designa el lugar físico donde tiene lugar un conjunto de transacciones e intercambios de bienes y servicios. En la antigua Grecia el mercado se realizaba en el ágora, que era un espacio abierto, en el centro de la ciudad, que funcionaba como centro del comercio, la política, religión y cultura. Así, la palabra mercado, en su origen, denota un sitio público, accesible para todos, lugar de encuentro para el intercambio, tanto de bienes como de ideas, y de celebración.
En economía la palabra mercado ya no designa el espacio físico donde ocurren las transacciones, sino que esta palabra refiere a un conjunto de transacciones de intercambio de bienes y servicios entre individuos. El mercado es una forma de distribución de bienes y servicios escasos. Las condiciones de posibilidad para que pueda existir mercado son, por una parte, diversidad de oferentes y, por otra parte, diversidad de demandantes. Lo constitutivo de esta forma de asignar recursos, es decir, su esencia radica en la libre interacción entre la oferta y la demanda. Ello implica libertad de elección por parte de la demanda, libertad por parte de la oferta de aceptar o rechazar el intercambio propuesto. La planificación centralizada, por el contrario, se caracteriza por anular la libertad de elección por parte de la demanda a través del control de la oferta y su distribución.
El movimiento estudiantil, así como otras figuras políticas y académicas, exigen desmercantilizar la educación. Sin embargo, cuando atendemos a sus demandas observamos que ellas no apuntan a terminar con el mercado en educación, es decir, con la diversidad de oferta y la libre elección, sino más bien a regularlo de tal manera de proteger ciertos principios.
Unos de los referentes en esta materia es el académico Fernando Atria. Él acierta cuando dice que el mercado es el criterio de distribución de la educación en Chile, al menos en el nivel escolar, pero se equivoca al creer que eliminando la selección, el lucro y el financiamiento compartido, la educación dejará de regirse por la lógica del mercado. El error de Atria radica en una comprensión antojadiza del término mercado. Él entiende que «la lógica del mercado es que cada uno recibe aquello por lo cual puede pagar». Así, el mercado genera productos de distintas calidades a precios diferentes, como por ejemplo la industria de automóviles. Para Atria, el lucro, el copago y la selección son reglas propias del mercado. Bajo esta comprensión y siguiendo sus propias palabras, la educación gratuita que ofrecen los municipios o establecimientos privados sin fines de lucro estarían fuera de la lógica de mercado. De esta comprensión de mercado también se deriva la falsa oposición entre mercado y derechos sociales.
En primer lugar es un error contraponer los derechos sociales al mercado, pues son asuntos de naturaleza distinta. El mercado, así como la planificación centralizada, son instrumentos que se usan para distribuir bienes y servicios escasos. En este sentido, tanto el mercado como la planificación centralizada sirven para satisfacer los derechos sociales, que son susceptibles de ser distribuidos. La vivienda, la alimentación y la vestimenta, por ejemplo, son derechos sociales, y, sin embargo, pueden ser satisfechos a través del mercado (el Estado sólo se asegura que todos tengan acceso a estos bienes, pero no necesita producirlos ni distribuirlos). Ahora bien, es posible que existan derechos sociales que por su particularidad sean provistos de mejor forma por el Estado. Ejemplos en esta dirección también existen, como la seguridad ciudadana provista por los Carabineros o la justicia por el sistema judicial. La pregunta que cabe hacerse con educación, entonces, es si se distribuye de mejor forma a través del mercado o a través de una planificación centralizada. La pregunta tiene sentido hacerla precisamente porque el mercado no se opone a los derechos sociales y la respuesta a esta pregunta no es en absoluta obvia, pues dependerá de los valores que busquemos resguardar.
Si entendemos la educación como un derecho social particular, que exige ofrecer las mismas oportunidades de desarrollo para todos, entonces de aquí no se sigue que no se pueda distribuir a través del mercado. El error de Atria no está en querer anular la influencia del dinero en educación, sino en creer que dicha anulación termina con el mercado. En estricto rigor, él no se opone al mercado en educación, es decir, a un sistema donde la distribución de los alumnos en los colegios se realiza a partir de las preferencias de las familias; a lo que se opone es a la influencia del dinero, es decir, que la elección del colegio esté supeditada a los recursos económicos de cada familia. Esto último es perfectamente posible de lograr a través de un mercado regulado. Es el caso de Holanda, donde existe diversidad de oferta educativa, tanto estatal como privada, ambas gratuitas, y libertad de elección por parte de la demanda, de manera que la elección del colegio no depende de los recursos económicos de las familias.
La gran diferencia entre un sistema educacional que se rige por las reglas del mercado y la planificación centralizada está en la diversidad de oferta y libertad de elección, que permiten que la demanda, a través de las preferencias que la subyacen, afecte a la oferta. Los sistemas educacionales que se rigen principalmente por una planificación centralizada se caracterizan por un monopolio de la oferta educativa en manos del Estado a través del financiamiento y la imposibilidad de las familias de elegir el establecimiento de sus hijos. La distribución de los estudiantes en los establecimientos educacionales se establece no en función de las preferencias de las familias, sino en base a criterios determinados por el nivel central, por ejemplo cercanía del hogar, mérito académico, etc. Este tipo de sistemas es el que prima no sólo en gran parte de los países occidentales de Europa como Francia y Alemania, sino también en Estados Unidos, donde la libertad de educación queda reducida al 10 por ciento más rico de la población que tiene los recursos para acceder a ella. Por el contrario, un sistema educativo que se rija por la lógica de mercado implica necesariamente diversidad de oferta y libertad de elección por parte de la demanda. En Chile, a diferencia de los países antes mencionados, la libertad de elección no se restringe al decil más rico de la población, sino que es accesible en alguna medida para la gran mayoría de las familias, exceptuando sólo a quienes viven en zonas rurales y aisladas, donde únicamente existe una escuela municipal.
El mercado no se agota eliminando el lucro, el copago y la selección, del mismo modo que puede no haber mercado con lucro, copago y selección. Como sostiene Atria, mercado es una forma de distribución, pero cuyo criterio no necesariamente es el dinero disponible que tiene cada persona, sino las preferencias expresadas en la libertad de elección. Nuestro sistema educativo seguirá rigiéndose por la lógica de mercado, si existe diversidad de oferta, diversidad de demanda y libertad de elección, pues esa es la esencia del mercado en contraposición con un sistema de educación que distribuye a los estudiantes a través de una planificación centralizada, eliminando la libertad de elección. Por supuesto, el término del copago, del lucro y de la selección acota la libertad de interacción del mercado, regulándolo para proteger ciertos principios como, por ejemplo, la libertad de elección de los padres, igualdad en el acceso, etc., pero no lo acaban.
¿Qué implica, entonces, desmercantilizar la educación escolar? Desmercantilizar la educación exige terminar con la libertad de elección de la demanda y con la diversidad de oferta. Alemania es un ejemplo de sistema de educación desmercantilizado. El Estado en Alemania financia la educación escolar estatal, que es gratuita para todos, pero no financia la educación privada, restringiendo la libertad de elección al decil más rico de la población. Además, no existe libertad de elección entre los colegios estatales, sino que la persona está obligada a ir al colegio más próximo al hogar. La distribución de los niños y jóvenes en las escuelas se realiza a través de una planificación centralizada, cada barrio tiene su colegio estatal, que son gratuitos, y al cual asisten los niños de ese barrio a menos que deseen pagar por una educación privada. ¿Es a esto a lo que apunta Fernando Atria? No, pues él ha defendido la libertad de elección, algo que no existe en el modelo alemán, y ha criticado la influencia del dinero en el acceso a la educación, que sí se observa en el sistema alemán. En este país el mercado de la educación se ha desplazado al mercado inmobiliario. En vez de elegir el colegio que más les acomoda, los padres optan por barrios con colegios de mejor calidad, cuyas propiedades son más costosas, para asegurar una mejor opción educativa a sus hijos. Este comportamiento ha llevado a que los precios de las viviendas en barrios con colegios estatales de buena calidad suban considerablemente. El precio monetario por la educación se traslada al precio de la vivienda.
Quienes abogan por desmercantilizar la educación deben reflexionar, si lo que quieren es terminar con la libertad de elección, algo que hasta ahora Atria no ha defendido, o si lo que buscan es anular la influencia del dinero, de manera de asegurar libertad de elección para todos, algo que como hemos mostrado se puede lograr regulando el mercado.
* Este texto es un extracto del Puntos de Referencia N° 434, publicado recientemente. Léalo aquí
