Es necesario también enfatizar que cualquier cambio en las políticas se debe realizar mediante acuerdos entre los diversos sectores afectados, quienes deben comprender que la administración de un bien común requiere en muchos casos ceder intereses propios en beneficio de la sociedad como un todo.
En su artículo en Science de 1968, Garret Hardin explicó el concepto de la tragedia de los comunes. Allí se refirió a aquellos bienes de propiedad común en donde el acceso ilimitado puede llevar al sobreuso de un recurso y, potencialmente, a su extinción. Algunos ejemplos de este tipo de bienes son bosques, pastorales, recursos pesqueros, entre otros. El individuo, al utilizar el recurso, no tiene en cuenta el efecto negativo que produce a los demás y por ende, extrae una cantidad mayor a la socialmente óptima. Este es un ejemplo en que la búsqueda del beneficio individual no maximiza el beneficio colectivo. Una solución ampliamente utilizada para regular el uso de este tipo de bienes son las cuotas o los impuestos.
Después de más de 50 años de la publicación de este artículo, el problema tras la tragedia de los comunes sigue vigente y está en el centro de nuestra proyección como civilización. El crecimiento económico y poblacional pone cada vez más presión a la utilización de los recursos naturales. El agua constituye un ejemplo característico de este tipo de bienes. Se trata de un recurso renovable cuando se extrae en cantidades acotadas, pero no renovable en caso contrario. En el caso de Chile, se implementó un sistema de derechos de aprovechamiento de agua que, mediante cuotas, se restringe de cierta manera el uso del recurso. Sin embargo, esta política solo funciona si las cuotas son consistentes con un uso sustentable. El sobre otorgamiento de derechos de agua, las fallas en la gestión y la gran sequía de los últimos años ponen al país cada vez más cerca de la tragedia descrita por Hardin.
Dada esta situación crítica, es necesario revisar ciertos elementos de la gestión que son fundamentales para lograr una mejor administración. Podemos agrupar los problemas principales en tres conceptos generales: mas información, mas flexibilidad, y más institucionalidad. Primero, la disponibilidad de agua es incierta, situación agravada por el calentamiento global. Es necesario invertir en el conocimiento del recurso, tanto del presente como de manera probabilística ante los diferentes escenarios que impone el cambio climático. La regulación ya sea con derechos de aprovechamiento de agua u otros mecanismos de asignación debe dar reglas claras para los usuarios, pero a la vez incorporar la flexibilidad necesaria ante cambios permanentes en las condiciones ambientales. Por último, es necesario mejorar la institucionalidad, esto abarca desde tener un registro de los usuarios del agua y mejorar la fiscalización, a tener organismos de cuenca y una institución, idealmente independiente del poder político, que sea capaz de facilitar el ajuste a los desafíos futuros.
Por otra parte, es necesario también enfatizar que cualquier cambio en las políticas se debe realizar mediante acuerdos entre los diversos sectores afectados, quienes deben comprender que la administración de un bien común requiere en muchos casos ceder intereses propios en beneficio de la sociedad como un todo.
