«Las proyecciones de mediano plazo no vislumbran holguras en ningún momento de su horizonte. Esto implica que, para cada año del período 2028-2031, el gasto ya comprometido supera al compatible con las metas fiscales.»
Publicada en Ex-Ante.
El gobierno prometió reducir el gasto público en US$6.000 millones durante sus primeros 18 meses de gestión, para así contener la deuda pública, que se multiplicó por diez desde 2008. La cifra era ambiciosa y, desde el comienzo, planteaba interrogantes sobre su viabilidad, la naturaleza de los recortes y sus consecuencias para los programas sociales y la actividad económica. Además, ponía el peso de la convergencia fiscal en el lado de los gastos, renunciando a buscar mayores ingresos, al menos en el corto y mediano plazo.
Conforme a lo planificado, al comenzar la administración, la Dirección de Presupuestos (Dipres) anunció medidas de contención y eficiencia del gasto por US$2.000 millones. Pero, con el correr de los meses, reconoció que dichos recursos debieron ser reasignados a otras necesidades de gasto, debido tanto a presiones heredadas (el reajuste de remuneraciones del sector público) como a otras nuevas (el plan para compensar el alza de los combustibles).
Es así como este año no habrá un recorte neto, sino reasignaciones. De hecho, se ejecutará cerca de un 1% más que el total de gasto autorizado para 2026, el que será un 2,4% mayor que el gasto total ejecutado en 2025. Con todo, la Dipres informa que, de no haber realizado ajustes, el gasto hubiese crecido un punto más.
Gracias tanto a los mayores ingresos del cobre (impulsados por su alto precio, a pesar de la caída en su producción) como al ajuste al alza de los ingresos estructurales derivado de una mayor brecha del PIB no minero respecto de su tendencia, la ausencia de un recorte neto no impedirá cumplir este año con la meta de déficit fiscal estructural de 2,6% del PIB. Incluso podría sobrecumplirse, aunque los recurrentes gastos en salud de fin de año y las nuevas medidas para contener el alza de los combustibles hacen difuso ese margen.
El ajuste neto tampoco ocurriría en 2027, pues el proyecto de Ley de Presupuestos para el próximo año propone un crecimiento del gasto de 1,5%, que, si bien es muy acotado en perspectiva histórica, no deja de ser un alza. Esta cifra también incluye reasignaciones relevantes, que marcan las prioridades programáticas del gobierno: 13 partidas disminuyen (lideradas por los Gobiernos Regionales, Cultura y Ciencias) para que otras 19 aumenten (en especial, Salud, Obras Públicas, Vivienda, Trabajo, Seguridad Pública, Justicia y Defensa).
Si la economía crece un 3,3%, como prevé el Ministerio de Hacienda, el gasto total propuesto para 2027 sería compatible con seguir reduciendo el déficit estructural hasta un 1,8% del PIB. Ahora bien, si el crecimiento no llega y hay que hacer ajustes, ellos debieran recaer en el gasto corriente y no en la inversión, para no empeorar la ya grave situación de desempleo.
Entonces, ¿sigue siendo necesario ajustar el gasto para estabilizar las finanzas públicas? La respuesta se encuentra en las proyecciones fiscales de mediano plazo publicadas por la Dipres. Estas muestran que, en ausencia de nuevos ingresos, el ajuste del gasto es indispensable para lograr la convergencia fiscal y no superar el nivel prudente de deuda del 45% del PIB.
En efecto, las proyecciones de mediano plazo no vislumbran holguras en ningún momento de su horizonte. Esto implica que, para cada año del período 2028-2031, el gasto ya comprometido supera al compatible con las metas fiscales. En concreto, se requiere ajustar el gasto (o aumentar ingresos) para cubrir una brecha promedio de US$4.000 millones. Cabe recordar que en esta brecha incide la Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico y Social, que implica menores ingresos fiscales por un promedio de casi US$700 millones anuales en el período.
Por tanto, es evidente que la estrechez fiscal continúa. Una muestra de ello es que en ningún año del ciclo habría superávits para aportar al Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), que hoy equivale a solo un punto del PIB, cuatro puntos por debajo de lo recomendado.
Además, el gasto en intereses seguirá creciendo: desde un mínimo del 2% del presupuesto en 2008 pasó a un 5% en 2026 (nivel similar al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas) y llegaría al 5,6% en 2027 y al 7,5% en 2030. Más aún, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) advirtió que, bajo su escenario base, existe una probabilidad superior al 50% de que la deuda pública supere el nivel prudente de 45% del PIB en 2029.
En definitiva, sigue siendo necesario corregir una trayectoria en que los compromisos permanentes del Estado han crecido más rápido que sus ingresos, lo que ha generado déficits estructurales financiados con deuda.
Ante esta situación, es indispensable que la Dipres presente un plan concreto (y le haga seguimiento) en el que especifique cómo cumplirá con sus metas fiscales a mediano plazo, considerando medidas de ajuste de gastos, eventuales mayores ingresos y gestión de activos. Más allá de los avances de este año, un plan concreto contribuiría a distinguir intenciones de compromisos.
