Enero terminó políticamente electrizado. En unas aguas que ya estaban picadas, el acuerdo DC-RN tuvo el efecto de una tromba marina. Por la forma en que se gestó (a espaldas del Gobierno, se dice), por sus autores (unos supuestos conservadores que resultaron de lo más reformistas) y por el fondo (como si reformar el binominal fuera poco, se propuso cambiar, además, presidencialismo por semipresidencialismo).
Pero, como siempre, febrero ha tenido un efecto suspensivo. ¿Qué irá a pasar a partir de marzo con la reforma política? Difícil saberlo. Por varias razones, pero, creo, por una en especial, que hasta ahora no se ha discutido bien: ¿a partir de cuándo empezaría a regir cualquier cambio que se adopte al sistema binominal?
Esta pregunta es fundamental, porque está vinculada al nudo de una reforma como ésta: la posición de incumbente. Es obvio: ¿querría usted cambiar las reglas de un mecanismo que lo ha puesto en el cargo que tiene y que, con alguna probabilidad, le garantizan seguir teniéndolo si usted quiere y puede?
Yo no lo querría. No, al menos, de buenas a primeras. No parece haber incentivos naturales y obvios para que un jugador quiera cambiar las reglas del juego que le permiten jugar y seguir jugando. Hay que crear dichos incentivos. ¿Cómo? Con tiempo.
El tiempo ayuda a diluir el natural conflicto de interés que surge para un colegislador cuando contempla una posible reforma del sistema electoral. Semejante pensamiento le debe generar ansiedad, tanto más cuanto ya se ven elecciones en el horizonte. El tiempo puede calmar esta ansiedad. Es un buen incentivo.
Es decir, precisar ahora todo el tiempo para la reforma, pero sí se puede empezar con algo grueso: ningún cambio al sistema electoral puede tener efecto antes de fines del año 2017. Mientras haya un acuerdo, aunque sea tácito, sobre esto, es difícil que la reforma política empiece siquiera a caminar de verdad. La ansiedad no lo permite.
Muchas propuestas de reforma al sistema electoral proponen cambios al binominal que suponen dibujar nuevos distritos. Algunas, incluso, proponen redibujar las circunscripciones senatoriales. Esto no se puede hacer en un estado de mucha ansiedad.
Pero si se propone y acuerda un razonable horizonte de tiempo para el cambio del sistema electoral, la reforma política puede echarse a andar. Otras tareas pendientes no necesitan esperar hasta fines del año 2017, como, por ejemplo, reforzar institucionalmente los partidos, seguir mejorando el mecanismo de financiamiento de la política, reforzar el órgano regulador. Estas reformas también pueden generar conflictos de interés y la consiguiente ansiedad (todo cambio del estatus lo hace), pero en esto ni se comparan a la reforma del binominal.
La pregunta a contestar en marzo, entonces, no será tanto qué, sino cuándo: ¿para cuándo la reforma al binominal, cualquiera sea esta reforma? Sin una buena respuesta, las declaraciones y propuestas para la reforma política seguirán flotando más o menos en el aire, con una posibilidad muy reducida de convertirse en algo real.
Para jugar, los jugadores necesitan la certeza de que las reglas del juego no van a ser cambiadas durante un tiempo mínimo. La sensación de que pueden ser cambiadas antes de ese tiempo, o en cualquier tiempo, exacerba el natural e inevitable conflicto de interés que surge con la posibilidad de cambiar las reglas del juego mientras se juega.
Si se proyecta cualquier cambio al binominal para el año 2017, como mínimo -o, incluso, para después-, la reforma política se hace posible. Si, en cambio, y como ha pasado hasta ahora, el tiempo del cambio al binominal se sigue omitiendo, a la vuelta del verano sólo tendremos ansiedad.
