Las autoridades deben generar con urgencia las condiciones institucionales necesarias para atraer inversiones de calidad y generar proyectos que cuenten con la adecuada licencia social y ambiental.
Recientemente, el Ejecutivo ha presentado dos proyectos de ley orientados a agilizar y disminuir la incertidumbre en la obtención de los permisos necesarios para los proyectos de inversión. Estas medidas, que en su mayoría apuntan en la dirección correcta al simplificar los procesos y reducir la incertidumbre, pueden ser una buena noticia en el corto plazo. Sin embargo, la realidad es que su tramitación en el Congreso enfrentará fuertes presiones de diversos sectores y podría tomar más tiempo del necesario, retrasando así la indispensable reactivación de la inversión.
La OCDE, gremios empresariales y las últimas tres administraciones, entre otros, han señalado la necesidad de mejorarlos procesos de tramitación de proyectos como una prioridad para la reactivación económica. La Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP) ha realizado estudios detallados de estos procesos y ha emitido recomendaciones políticas, tanto dentro del marco del SEIA como en los permisos vectoriales. Se ha identificado que los permisos de mayor complejidad tienen un tiempo de tramitación promedio de 17 meses y una tasa de rechazo superior al 40%, adicionales al proceso de evaluación ambiental, lo cual desincentiva, encarece y retrasa la inversión. Entre las numerosas recomendaciones, se sugieren modificaciones específicas y quirúrgicas en ciertos servicios y permisos que generan retrasos significativos, incluyendo las Concesiones Marítimas, el Informe Favorable para la Construcción (1EC), los permisos del Consejo de Monumentos Nacionales y las Consultas de Pertinencia.
Desafortunadamente, los proyectos de ley presentados enfrentarán las presiones y la creatividad de numerosos grupos de interés, como las asociaciones de funcionarios de Jos servicios involucrados, grupos ambientales y gremios empresariales, entre muchos otros. Los próximos dos años son electorales, y la tramitación será lenta y polarizada, retrasando una vez más las inversiones que podrían concretarse a través de estas mejoras y modernizaciones.
Para acelerar las mejoras y reducir los tiempos e incertidumbre de los permisos, el Ejecutivo debería implementar una estrategia en distintos niveles, que incluya los proyectos de ley mencionados, así como mejoras administrativas y reformas a servicios específicos, tal como lo propone la CNEP. Estas mejoras concretas y bien enfocadas requieren tiempos de implementación y tramitación menores, permitiendo al Ejecutivo dar señales claras de reactivación de la inversión a mediano plazo.
Tras una década perdida, los chilenos anhelan más que nunca retomar el camino hacia el desarrollo sostenible, mejorando las oportunidades y condiciones de vida para sus familias junto con proteger su naturaleza. Para lograrlo, las autoridades deben generar con urgencia las condiciones institucionales necesarias para atraer inversiones de calidad y generar proyectos que cuenten con la adecuada licencia social y ambiental. Lo anterior debería ser el eje orientador de los procesos de evaluación ambiental, mejorando los proyectos y no transformándose en trámites inciertos, incoherentes, caros y prolongados que sigan atrasando nuestro anhelado desarrollo.
