De hecho, tanto mapuche como no mapuche identifican el conflicto entre Carabineros y las comunidades mapuches como el principal.
El conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado de Chile no solo continúa vigente en el siglo XXI, sino que incluso pareciera ser que con el tiempo ha crecido. Según la Encuesta CEP sobre el mundo mapuche (2016), cerca del 68 por ciento de los encuestados considera que la actual situación política en La Araucanía es mala, y más del 60 por ciento cree que la situación ha empeorado. Aproximadamente, el 70 por ciento califica la situación en la región como violenta y el 68 por ciento de los mapuches encuestados cree que hay más violencia que hace diez años atrás. Estas cifras ponen en evidencia el fracaso de la política que han implementado los distintos gobiernos para abordar el conflicto mapuche. La mayor presencia policial ha traído más violencia que paz a la región.
De hecho, tanto mapuches como no mapuches identifican el conflicto entre Carabineros y las comunidades mapuches como el principal.
No cabe duda que el conflicto mapuche es de naturaleza política y precisamente política es lo que ha faltado. Sin diálogo entre el Estado y los pueblos originarios es imposible avanzar. El diálogo exige, por una parte, confianza y, por otra parte, que los pueblos originarios se organicen para que tengan un interlocutor que los represente. Restablecer la confianza entre el Estado y el pueblo mapuche parece una tarea titánica, y precisamente a eso ha estado abocado el gobierno de Sebastián Piñera como primer paso fundamental. No debemos olvidar que uno de los cinco acuerdos nacionales que estableció este gobierno fue el conflicto que vive la región de La Araucanía y, por primera vez en años, presenciamos una estrategia distinta, que busca abordar el conflicto de forma sistémica. Lamentablemente, el asesinato de Camilo Catrillanca hace aún más difícil el proceso de generar confianza. Por eso sería de gran ayuda que el gobierno diera una señal política contundente, como, por ejemplo, reconocer constitucionalmente a los pueblos originarios, que reflejen un cambio de actitud genuino por parte del Estado. Investigadora Pero no basta solo confianza para establecer un diálogo, también se requiere un interlocutor que represente las demandas del pueblo mapuche. Y esta es una de las principales dificultades que enfrenta el Estado. Mientras la CAM justifica la violencia como herramienta política para su lucha, que consiste, entre otras cosas, en la recuperación de las tierras ancestrales y alcanzar la independencia del Estado chileno, el 58 por ciento de los mapuches considera que el uso de la fuerza no se justifica en el reclamo de tierras. De hecho, el rechazo a la violencia es mayor entre los mapuches que viven en zonas rurales (64 por ciento) que entre los que viven en zonas urbanas (55 por ciento). En relación con la autonomía o la independencia del Estado de Chile, solo el 2 por ciento de los mapuches considera que la autonomía es la vía que el Estado debe seguir para reparar al pueblo mapuche. Es más, el 73 por ciento de los mapuches que viven en sectores rurales y el 82 por ciento en zonas urbanas dice sentirse plenamente integrado a Chile; y cerca del 74 por ciento de los mapuches cree que las comunidades mapuches deberían integrarse aún más al país.
A la hora de hablar de reparación, la mayoría considera que la reparación debe ir por la vía de restitución de tierras, reconocimiento constitucional y mejorando el acceso a la educación de calidad.
¿Qué se hace cuando distintos grupos tienen demandas diferentes y no existe acuerdo entre ellos? Una forma de institucionalizar el diálogo es estableciendo cupos reservados en el Parlamento, como en Nueva Zelandia. Ello obliga a los pueblos originarios a organizarse y a participar de las instituciones democráticas donde ese diálogo debe tener lugar.
La Encuesta CEP muestra que esta medida es popular, el 55 por ciento de la población no mapuche se muestra a favor y el 65 por ciento de la población mapuche.
Ambas medidas, el reconocimiento constitucional y los escaños reservados, no son la solución al problema, pero pueden ser un primer paso en la dirección correcta para encauzar el diálogo político.
