La gente es libre de hacer lo que quiera con su papeleta, incluso entregarla en blanco o rayada. El derecho a no votar permanece intacto y el deber se limita a acudir a la urna.
Para el plebiscito de 2022 volvió a implementarse la obligatoriedad del voto en Chile, acompañada de la inscripción automática. Como resultado, 86% de la población sufragó, alcanzando un nivel de participación solo visto en las primeras elecciones tras el retorno a la democracia.
Sin embargo, hoy esta norma se encuentra en tela de juicio. La semana pasada un grupo de parlamentarios del oficialismo votaron en contra de multar a quienes no acudan a las urnas en las próximas elecciones. Eso sí, el Gobierno mantuvo su posición y anunció que vetará la norma, con el objetivo de reponer las indicaciones rechazadas.
La discusión sobre la multa, que es de entre 0,5 y 2 UTM (entre $33 mil y $132 mil, aproximadamente), es legítima y necesaria. Más allá de cuánto debería ser la sanción, la pregunta de fondo está en qué debemos exigirle a nuestra ciudadanía. ¿Entendemos el voto como un derecho o un deber? Se obliga a los ciudadanos a cumplir las leyes de tránsito y pagar la tarifa del transporte público. El voto, entonces, es una exigencia más, con un costo bastante bajo: participar. La gente es libre de hacer lo que quiera con su papeleta, incluso entregarla en blanco o rayada. El derecho a no votar permanece intacto y el deber se limita a acudir a la urna.
En la segunda vuelta presidencial de 2021 —la última con voto voluntario—, solo el 56% de la población votó, siendo la elección con mayor participación de este régimen. Un año después, en el primer sufragio con voto obligatorio, más de 13 millones de personas asistieron a las urnas. Es decir, un incremento de 4,7 millones de votantes en comparación con la anterior. Territorialmente, este aumento varió: mientras que en Antofagasta, Atacama y Coquimbo la participación incrementó en más de 35 puntos porcentuales, en Aysén y Magallanes el aumento fue de 25 puntos porcentuales.
Quienes tienen el hábito de votar son, en promedio, más interesados en la política, pertenecen a un grupo etario mayor y tienen un mayor nivel educacional. Junto a Carmen Le Foulon y Tomás Olguín realizamos el estudio “Quién vota en Chile primeros análisis después del voto obligatorio”, donde encontramos que, bajo el voto voluntario e inscripción automática, nos acostumbramos a electores más educados, con una visión más ‘liberal’ respecto a temas valóricos (como el aborto) y una fuerte adhesión a la democracia.
Esto último es clave. Quienes se vieron obligados a participar en la “fiesta de la democracia” tienen un frágil apego a esta última. Requerir su participación fomenta un sentimiento de pertenencia en el proceso, fortaleciendo su compromiso cívico y apoyo a la democracia.
La evidencia es clara: el voto obligatorio garantiza una alta participación electoral. Al aumentarla y repetir la experiencia de votar, mayor es la probabilidad de que los ciudadanos vuelvan a las urnas, creando un sentimiento de pertenencia en el proceso democrático.
Si cambiamos las reglas del juego a pocos meses de la próxima elección corremos el riesgo de confundir al electorado y cuestionar la probidad del proceso electoral. Si queremos fortalecer la democracia, ¿por qué no requerir que la ciudadanía ejerza su derecho democrático más fundamental?
