Opinión | Diarios regionales, 8 de octubre de 2017

El desafío de una mejor política indígena permanente

Para abordar el tema mapuche se requiere ampliar la mirada a otros aspectos, más allá de la violencia, y a otras regiones, más allá de La Araucanía.

La cuestión mapuche ha adquirido nuevamente notoriedad en la agenda pública nacional. El debate se ha enfocado en la violencia y los diversos aspectos policiales y judiciales asociados. Ello, a pesar de que la convivencia cotidiana en las zonas rurales de alta concentración mapuche es mayoritariamente pacífica. De hecho, de acuerdo a cifras de la encuesta CEP realizada a este pueblo el 2016, cerca de un uno por ciento de los ellos reportaba conflictos frecuentes con agricultores, carabineros o empresas forestales.

Los grupos que cometen estos delitos entienden que su actuar ayuda a poner sus demandas en la agenda. Sin embargo, un 58 % de los mapuches no justifica el uso de la fuerza para reclamar tierras. Más aún, el énfasis en la violencia deja en un segundo plano temas que los propios mapuches consideran prioritarios: las tierras, el reconocimiento constitucional y la lengua, según nuestra encuesta.

Para abordar el tema mapuche se requiere ampliar la mirada a otros aspectos, más allá de la violencia, y a otras regiones, más allá de La Araucanía. El mundo indígena en general, y el mapuche en particular, no puede concebirse unidimensionalmente o con visiones parcializadas. Esa ha sido, quizás, una de las fallas de la política indígena en el último tiempo.

En el libro El pueblo mapuche en el siglo XXI, editado por el CEP, mostramos, por ejemplo, que las principales políticas indígenas enfocan su campo de acción en el mundo rural, a pesar de que 373 mil personas que se autoidentifican como mapuches vivían en áreas rurales el 2015 (cifra que se ha mantenido estable en los últimos años) y alrededor de 950 mil personas que se autoidentifican como mapuches habitaban en zonas urbanas (300 mil más que en 2009) el mismo año.

Además, mostramos que ninguno de los 11 programas indígenas sometidos a evaluación por la Dirección de Presupuestos fue calificado como suficiente o quedó sujeto a ajustes menores. Por ejemplo, el Fondo de Tierras y Aguas, programa insigne de la Ley Indígena, tiene problemas de funcionamiento y los casos de malas prácticas han sido reiterados. Otro ejemplo de falencias es el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del MINEDUC, el cual lleva veinte años de funcionamiento y los hablantes de mapuzugun han caído en número durante la última década.

Todo ello parece haber contribuido a la pronunciada baja de la confianza de los mapuches en todas las instituciones políticas durante la última década. Sin lugar a dudas, cómo mejorar la relación entre el Estado y los pueblos indígenas es uno de los desafíos de largo plazo más importantes y complejos. Darle la importancia debida en la agenda nacional debe ser algo permanente y prioritario, independiente de los actos de violencia.

Nota: Esta columna fue publicada en simultáneo en la Red de Diarios Regionales de El Mercurio:

http://www.mercurioantofagasta.cl/impresa/2017/10/08/full/cuerpo-reportajes/11/

http://www.australtemuco.cl/impresa/2017/10/08/full/cuerpo-reportajes/15/

http://www.diarioatacama.cl/impresa/2017/10/08/full/cuerpo-reportajes/3/

http://www.mercuriocalama.cl/impresa/2017/10/08/full/cuerpo-reportajes/3/

http://www.cronicachillan.cl/impresa/2017/10/08/full/cuerpo-reportajes/3/

http://www.australvaldivia.cl/impresa/2017/10/08/full/cuerpo-reportajes/9/

http://www.australosorno.cl/impresa/2017/10/08/full/cuerpo-reportajes/9/

 

 

Isabel Aninat S.

Isabel Aninat S.

Áreas de Investigación: Pueblos Originarios, Convenio 169, Institucionalidad política, Ley de Partidos.

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