Votar Apruebo es algo más –y también algo distinto- que estar a favor o en contra de una materia específica de la Constitución vigente.
Tienen razón los que sostienen que el estallido social no comenzó como una reivindicación para cambiar la Ley Fundamental: las miles de personas que marcharon lo hicieron para exigir mejores condiciones materiales (que iban desde una rebaja del precio del metro a una relación más horizontal y equitativa entre empleados y empleadores), y no para demandar una nueva Constitución. ¿Por qué, entonces, esa sumatoria de exigencias sociales se transformó en un conflicto político e institucional con resultados estructurales? ¿Por qué vamos a reemplazar la Carta Magna?
La respuesta tiene, al menos, dos planos: el primero es estrictamente “constitucional”, y remite al articulado actual, el cual ha sido, como es bien sabido, reformado en repetidas ocasiones. El segundo puede resumirse bajo el concepto de “constituyente”, cuyas particularidades refieren a las circunstancias en las que la Carta de 1980 fue pensada, escrita y luego puesta en vigor. Me parece que la hondura del problema se concentra sobre todo en este último punto, ya que lo que está en juego, y por tanto sujeto a una mayor cantidad de críticas, es el mecanismo originario de la Constitución.
Por supuesto, hay juristas que, con razón, todavía ven una serie de problemas en ella; problemas que dicen relación con los altos quórums que se requieren para aprobar ciertas leyes o con el sistema político que históricamente nos ha regido. Sin embargo, si las discrepancias fueran meramente constitucionales, bastaría con modificar uno que otro artículo, ahorrándonos un proceso que –no se puede negar- tiene altas cuotas de incertidumbre. En ese sentido, votar Apruebo es algo más –y también algo distinto- que estar a favor o en contra de una materia específica de la Constitución vigente.
Es algo más, pues el dilema constituyente sobrepasa con creces el conflicto constitucional, tanto por el contenido simbólico que de allí ha emergido como por la oportunidad que se nos presenta para tener una discusión que, desde el presente, sea deferente con el pasado y consciente de las urgencias del futuro. Y es algo distinto porque, por primera vez, será la soberanía popular la que decidirá la puerta de entrada, así como el producto de salida. Esto es original y novedoso, dos características que, bien ejecutadas y sin ánimos refundacionales de ningún tipo, deberían marcar lo que se nos avecina.
Los convencionales tendrán, en breve, que pensar en ambos niveles cuando negocien los temas de la nueva Carta. Respecto al nivel constituyente, no querrán, me parece, repetir el error de la dictadura y botar por la borda lo importante que es que todas las fuerzas se sientan cómodas y representadas. Esa es la única forma de que la legitimidad de este momento sea incontestable y perdurable en el tiempo.
