Los diputados no entienden (o no quieren entender)el carácter de una Constitución.
Un amigo mío, profesor de derecho constitucional, dice que la Constitución de 1980 es un «Equeco».
Éste es una divinidad andina, representada por un hombre gordo y bigotudo, cargado de una infinidad de cosas: comida, dinero, herramientas, entre muchas otras. Tiene su carácter: nunca hay que ignorarlo, pues se enoja y, en vez de ayudar a la fortuna de su propietario, lo llena de maleficios.
Ésta es una buena imagen de la Constitución. Desde 1989 se le viene prestando atención con reformas, impulsadas por la incomodidad que produce su origen pecaminoso. Parece haber existido un acuerdo en la necesidad de reformarla, pues, si se la ignoraba, toda suerte de males podían caer sobre la democracia. Hoy asistimos a una nueva reforma.
Me parece, con todo, que en lo que más se parece la Constitución al Equeco es en su aspecto abigarrado, repleto de cosas. Éste se ve en todo el texto. En el artículo primero, por ejemplo, que imprudentemente constitucionaliza nociones como «la familia» o «bien común»; o en otro que regula al detalle un medio de comunicación, la televisión, como hasta hace poco lo hacía con el cine.
Esta minucia regulatoria olvida que la Constitución sólo debe recoger los acuerdos básicos de la comunidad política, para que sobre ellos trabaje el legislador democrático. Abundar en detalles, transformándola en un Equeco, amarra innecesariamente las manos de la democracia e hipoteca el futuro. Esto, creo, fue precisamente lo que se quiso hacer en 1980, en medio de un espíritu refundacional, de un ánimo de partir de cero y de congelar el propio presente. Pinochet lo puso en palabras simples: «Todo atado, bien atado».
La actual reforma es una oportunidad para podar tanta exuberancia normativa, y había signos esperanzadores. Por ejemplo, el Senado propuso eliminar la referencia al delito de difamación, que pendía como la espada de Damocles sobre la posibilidad de una prensa libre. Los diputados aceptaron, pero a cambio de agregar dos cosas: que la ley establezca «un sistema integral y efectivo de protección» de la honra y privacidad, y la «responsabilidad solidaria de los dueños de los medios de comunicación» en caso de indemnización.
De nuevo el Equeco: ambas cuestiones son propias de la legislación. Constitucionalizarlas revela poco criterio o, más bien, la poco honorable estrategia de los diputados para asegurar su proyecto de ley sobre protección civil de la privacidad, la nueva «Ley Mordaza». Es deber del Gobierno y del Senado detener esto. De lo contrario, el Equeco infligirá a la democracia los graves males de una prensa sofocada.
