Este es el último año de este gobierno y ya empiezan las especulaciones sobre cuál va a ser su «legado». ¿Logrará traspasar el mando dentro de la coalición? ¿Habrá avanzado en la modernización del país? ¿Dejará, quizás, un puñado de reformas importantes? ¿O, al menos, un precedente en la gestión del Estado propia del gobierno de «excelencia» que se anunció hace tres años?
Es difícil saberlo. Todavía falta un año, y como advirtió agudamente el Primer Ministro británico Harold Wilson, una semana es largo tiempo en política. Para qué decir un año.
Con todo, y ya que éstos son días de deseos y buenos propósitos, creo que el mejor legado que podría dejar este gobierno es una nueva generación de políticos en el mundo de la derecha. Hay un grupo importante de jóvenes -o relativamente jóvenes- que han trabajado en el aparato estatal durante esta administración.
Han ganado experiencia política, varios pueden haber descubierto una verdadera vocación por los asuntos públicos, y son jóvenes. Esto último en la derecha es fundamental: no los persigue la sombra de la dictadura, no caminan cargando -real o virtualmente, directa o indirectamente- una mochila de horrores. No necesitan, por lo mismo, construir explicaciones, balbucear ignorancia, confesar equivocaciones, ni pedir perdones.
Esta nueva generación puede ofrecer miradas de derecha llenas de futuro, en las que el pasado es historia y experiencia de la que se aprende, pero no, además, biografía comprometedora.
¿Qué hará esta nueva generación? ¿Se podrá constituir como tal y hacerse un lugar? No la tiene fácil, al menos por dos razones. Una es la precariedad institucional de los partidos políticos, donde no hay suficientes reglas que garanticen la competencia interna. La otra es el binominal, ese cuello de botella excesivamente angosto para entrar al Congreso y posicionarse políticamente.
Estas dificultades podrían explicar el hecho de que, aun cuando los miembros de esta nueva generación no parecen tener visiones incompatibles con los dos partidos de derecha, hasta ahora exploran sus alternativas en movimientos, referentes, grupos, «plataformas».
Lo ideal, creo, sería que pudieran dar su pelea al interior de ellos, o de uno de ellos, para no multiplicar organizaciones ni dispersar esfuerzos. Pero, claro, ahí la cosa está difícil.
El gobierno viene anunciando desde hace tiempo un proyecto que reforme la Ley de Partidos. Este proyecto debería hacerse cargo de todas las debilidades de la ley actual, a fin de reforzar institucionalmente las colectividades y mejorar las condiciones para la competencia interna. Por ejemplo, garantizar mejor los derechos de los militantes minoritarios (hoy la ley protege más los derechos de los accionistas minoritarios en una sociedad anónima que los de dichos militantes), mejorar los tribunales y procesos en los partidos (hoy están al debe desde el punto de vista del debido proceso), y algo tan necesario como impopular: financiamiento fiscal permanente para los partidos, en una cierta proporción para complementar el financiamiento privado, y sujeto a determinadas condiciones. Este financiamiento, que ya existe para las campañas electorales, sería una medida concreta y efectiva para mejorar la competencia, disminuyendo el peso e influencia relativa de los «dueños-mecenas» de algunos partidos.
Por lo visto, el Gobierno no va a tocar el binominal ni con el pétalo de una rosa. Menos en año electoral. Así y todo, difícil pensar en un mejor legado que una nueva generación de políticos de derecha, haciéndose un lugar mediante partidos abiertos y competitivos.
