El impacto y la alegría que produjeron el fantástico rescate de los mineros -con la cobertura un poco hostigosa que tuvo- hicieron pasar muy rápido a segundo plano un hecho notable: el Nobel que recibió Vargas Llosa. Un merecido premio para el escritor peruano. Y un reconocimiento especialmente oportuno en el Chile de hoy.
Convencido defensor de la libertad en el sentido más original que le dan los modernos, es decir, como manifestación de la autonomía individual, Vargas Llosa nos tiende una mano frente al fantasma que parece estar recorriendo nuestra imaginación política. El fantasma del colectivismo.
No se trata del colectivismo en la propiedad de los medios de producción. Por suerte, este tipo de colectivismo parece estar, por ahora al menos, superado. El fantasma que nos recorre es más abstracto y sutil: es moral. Más precisamente, de moralidad política, o sea, tiene que ver con la forma en que moldeamos la comunidad política.
El colectivismo moral aparece cuando la libertad deja de ser entendida, básicamente, como expresión de la autonomía individual. Con límites, obviamente, porque la libertad así entendida no es pura y simple licencia. El límite está en el daño jurídicamente comprobable a terceros. Pero no existiendo este daño, se asume, por principio, que los individuos son libres para desplegar su autonomía.
Las autoridades del Estado, sin embargo, parecen orquestadas en pensar otra cosa. La huelga de hambre y los cargos que ha formulado el CNTV por «El club de la comedia» son dos ejemplos.
Los huelguistas de hambre no fueron considerados como personas que ejercitan autonomía sobre sus propias vidas, sin dañar fehacientemente a nadie más. Al contrario, fueron tratados como personas disponiendo de un bien -su vida- que no era sólo de ellas, sino que de toda la comunidad política. Del Estado, en otras palabras.
Esa es una idea perturbadora. Porque se puede entender, y apreciar, que las demás personas quieran que uno viva, de la misma manera en que uno, en general, quiere que los demás vivan. Pero es muy distinto pensar que los otros, representados por el Estado, tienen el derecho a imponerme la vida. Se puede entender el deber moral de vivir, en especial cuando hay personas que, como los hijos, dependen de uno. Pero ¿ser obligado por el Estado a vivir?
El CNTV, por su parte, ha levantado cargos por un programa que pretende reírse de la divinidad. Por este solo hecho, sin exigir prueba de un daño a terceros. Esto implica que el Estado, a través del CNTV, no considera las libertades de conciencia y de expresión como formas de autonomía individual. Al no exigir la prueba de un daño, el Estado impone un carácter divino a todos los ciudadanos. Colectiviza así la conciencia religiosa. Y expropia la libertad de expresión.
A veces, la prueba del daño no es fácil. Pero el Estado debe esforzarse siempre en determinarlo de la manera más razonable posible en cada caso. Hoy no se está esforzando, por lo que las libertades están siendo colectivizadas.
Esta desidia estatal puede que tenga que ver con las dos tragedias que en el último tiempo nos han sacudido: el terremoto y el cautiverio de los mineros. El sentimiento generalizado que producen exacerba el sentido de comunidad. A esto se suma un Gobierno que con una frecuencia excesiva invoca a Dios, como si la sociedad chilena fuera una gran familia bajo un mismo padre. Y la familia, sabemos, es el espacio por excelencia de lo colectivo.
Cabe esperar que superadas las tragedias, los esfuerzos se concentren en el continuo diseño de una moralidad política más delicada y respetuosa. Una moralidad que nos trate más como ciudadanos y menos como hermanos.
El Nobel a Vargas Llosa es una buena luz para iluminar este camino. Siguiendo una digna tradición liberal, para él las libertades son, básicamente, manifestación de la autonomía individual al interior de la comunidad política. Lucidez literaria para el fantasma colectivista.
