Es lamentable ver cómo el debate en educación pierde racionalidad. El último ejemplo de ello es la columna dominical de Carlos Peña. El rector afirma que «los proyectos que ha presentado el Gobierno constituyen un gigantesco esfuerzo, uno de los más grandes de la historia educacional de Chile, por fortalecer a los proveedores privados de educación obligatoria. Si alguien piensa que estos proyectos fortalecerán el papel del Estado, no entiende absolutamente nada. Al revés, fortalecen al sector privado».
El proyecto de ley aborda tantos aspectos simultáneamente que es imposible prever sin una bola de cristal cómo se comportarán las familias y los distintos tipos de sostenedores. Hay aspectos del proyecto de ley, como eliminar el copago y la selección, que se dan principalmente en el sector particular, que podrían «beneficiar» al sector particular subvencionado. Sin embargo, la eliminación de estas barreras de entrada también podría afectar la valoración que tienen las familias por este tipo de proyectos educativos. A su vez, el proyecto de ley contempla otros aspectos que podrían «perjudicar» al sector privado. El más obvio de todos es el fin del lucro, pero la obligación de adquirir el inmueble, la imposibilidad de gravar las propiedades y la severa restricción para abrir nuevos colegios afectan también masivamente a los colegios privados, independientemente de si tienen lucro o no. Además, tal como está diseñado el proyecto, al cabo de 12 años el Estado es dueño de los inmuebles que adquirió y sus actuales dueños pierden la seguridad de poder continuar ofreciendo sus proyectos educativos.
En suma, el actual proyecto de ley desestabiliza al sector subvencionado en su conjunto. Es difícil saber cuánto afectará cada una de las medidas por sí sola al sector privado y al público. Estimar el efecto de la combinación de todas ellas resulta simplemente imposible.
