El responsable de PISA, Andreas Schleicher, a veces abusa en demasía de las correlaciones simples entre distintas variables educacionales y extrae de ahí conclusiones algo apresuradas. Recientemente, en esta página sostuvo, por ejemplo, que «existe una relación negativa significativa entre los dineros que obtienen los países de sus recursos naturales y los conocimientos y habilidades de su población escolar». A partir de esta comprobación insinúa que hay países cuya población, o al menos parte de ella, estaría menos inclinada a elevar la calidad de sus escuelas. Después de todo, la obtención de esas rentas no requeriría de grandes competencias y habilidades de su población.
Al menos dos observaciones son pertinentes. Por un lado, una de carácter técnico que tiene varias aristas. La causalidad puede ser exactamente la contraria que él intenta transmitir. Quizás los países con mejores sistemas educacionales logran una economía más diversa. Además, la correlación es muy poco robusta. Definiciones alternativas de intensidad en recursos naturales como, por ejemplo, exportaciones de materias primas como proporción del PIB no confirman los resultados sugeridos.
Por otro, no parece hacerse cargo de los resultados de la prueba de la que él mismo ha sido responsable y de cuya revisión no puede concluir tan livianamente que «el sistema escolar de Chile ha servido al país hasta un punto… Pero ese modelo ha perdido eficacia…». Esto, porque entre 2000 y 2012 Chile subió en comprensión lectora 32 puntos (también hubo alzas relevantes en matemáticas y ciencias) estando entre los países que más mejoraron. Es raro, entonces, que Schleicher nos presente un ejercicio que supone subir en 25 puntos en la prueba PISA como lo habría hecho Polonia entre 2006 y 2012. ¡Si ya se ha hecho! Por cierto, tenemos que seguir avanzando y subir otros 32 puntos y luego otros más (en TIMSS, otra prestigiosa examinación, somos el país que más ha elevado sus desempeños en matemáticas y ciencias entre 1999 y 2011). Aún estamos lejos de los resultados que todos quisiéramos tener para nuestro país, pero reconocer los avances es el primer paso para consolidar nuestros desempeños.
No deja de ser interesante que el responsable de la prueba PISA utilice el ejemplo de Polonia. Seguramente no recuerda que mientras Chile redujo en 18 puntos la brecha entre estudiantes más aventajados y menos aventajados entre 2006 y 2012, en el país europeo esa brecha aumentó en 14 puntos y que, además, invierte respecto de su ingreso per cápita bastante más que nosotros. Si nosotros hiciéramos el mismo esfuerzo relativo, tendríamos que invertir por estudiante alrededor de mil 200 dólares adicionales al año, muy lejos de lo que, a pesar de la reforma tributaria, compromete el Gobierno para la educación escolar.
Por supuesto, estamos conscientes de que nuestro sistema escolar es muy segregado, pero hay diversas razones detrás de este fenómeno y aquellos que usualmente se postulan, como el copago, parecen ser de menor alcance de lo que se sugiere en el debate (Gallego y Hernando, 2009; Arteaga, Paredes y Paredes, 2013). Tampoco las segregaciones horizontal y vertical que nos informa PISA son demasiado distintas de las que se observan en los países de la OCDE. Abordar la segregación escolar, entonces, es un problema complejo que requiere un análisis riguroso y detallado. El país entiende que el desafío que tiene por delante es enorme, pero que ello requiere políticas cuidadosamente diseñadas y bien evaluadas.
La inclusión difícilmente se va a lograr con un proyecto que está lleno de vacíos. Por eso muchos dudan de la afirmación de Schleicher de que «el paquete propuesto por la reforma escolar de Chile ofrece una oportunidad única en la vida para cambiar las bases del sistema y de alinear lo que las escuelas entregan con los resultados que tendrá la sociedad chilena». Por una parte, porque no es evidente lo que quiere decir. Por otra, porque el paquete propuesto hasta ahora es un proyecto que genera más dudas que certezas.
Tres observaciones rápidas sobre este: no hace un esfuerzo efectivo por asegurar la continuidad de establecimientos de buenos resultados, prefiriendo privilegiar una transformación institucional de dudosos efectos; promueve un sistema de admisión poco eficiente que puede dejar a muchos estudiantes sin asistir a planteles de su preferencia, y descuida innecesariamente el destino de los liceos públicos de excelencia.
El informe PISA nos ha ayudado a comprender que, en una perspectiva comparada, la relación entre nivel socioeconómico y desempeño escolar no es especialmente aguda en nuestro país, pero al mismo tiempo hay un «determinismo» significativo, esto es, que es muy difícil que un estudiante vulnerable obtenga logros académicos elevados. En esos casos, el informe recomienda agregarle flexibilidad al sistema educacional, proveer más y mejores recursos así como también más oportunidades a los estudiantes desaventajados y algunas políticas universales que signifiquen incrementar la calidad del tiempo que los estudiantes pasan en la escuela. No es evidente dónde ve Schleicher estos elementos en el proyecto que se discute en el Congreso.
