Siete ejes propuso para su gobierno el Presidente ante el Congreso en Valparaíso. El siete es un número que suele aparecer en los grandes planes. Su carácter cabalístico, probablemente.
El séptimo eje busca perfeccionar la democracia. Contiene distintas propuestas. Una es indiscutible: inscripción automática en los registros electorales. Otra es más discutida, pero, al final, es la más correcta: voto voluntario. Es la idea clásica de que el voto es deber cívico, pero un derecho legal.
La inscripción automática pondrá al padrón electoral en mayor sintonía con la edad en la sociedad. Esta no es vieja, pero el padrón sí, lo que ayuda a explicar por qué una medida que beneficia a los mayores en perjuicio de los más jóvenes -como la eliminación del siete por ciento para salud con que se carga a los jubilados- sea tan aplaudida por todo el espectro político. Si los jóvenes pudieran votar en masa, los aplausos serían más tímidos.
Otras propuestas son más delicadas y deben pensarse con mucho cuidado. Son potencialmente paradójicas: pueden agravar los males que se quiere remediar con ellas.
Un mal que acecha a la democracia es el relativo debilitamiento de un sistema representativo basado en partidos políticos consolidados y profesionales. Se ha dicho una y otra vez: sin estos partidos, la democracia se desliza hacia el populismo.
Chile tiene un sistema de partidos bastante consolidado y profesional. Es un activo que lo destaca en América Latina, y, en parte, explica la mayor densidad institucional de su democracia. Pero necesita mejoras y refuerzos. Lo dijo el Presidente: «Presentaremos una reforma integral a la Ley de Partidos Políticos, para hacerlos más transparentes, democráticos y abiertos a la ciudadanía».
Pero algunas de las propuestas niegan esos objetivos. Por ejemplo, la iniciativa popular de ley. Con las firmas del 0,1% de los electores, los ciudadanos podrían presentar proyectos de ley. Esta medida reduce la relevancia de los partidos, pues esquiva su papel de mediadores entre la ciudadanía y el poder. Los partidos deben diseñarse para ser sensibles a las aspiraciones ciudadanas, recogerlas, procesarlas y darles forma legislativa. La iniciativa popular se salta el camino.
Algo parecido ocurre con las primarias. Dijo el Presidente: «Estableceremos primarias voluntarias, vinculantes, simultáneas y organizadas por el Estado, para elegir a los candidatos a cargos de elección popular».
Una de las funciones principales de los partidos es seleccionar candidatos para dichos cargos. Es una tarea que refuerza a sus directivas, lo que, a su vez, refuerza la estructura partidaria. Como lo han señalado algunos analistas, exagerar con las primarias arriesga debilitar la estructura.
Si, con razón, se quiere evitar partidos manejados cupularmente, hay que mejorar los mecanismos internos de democracia y competencia, antes que encandilarse con primarias. Y si, además, se quiere evitar el riesgo de mediocridad en los partidos, hay que pensar en financiamiento público permanente para ellos, sujeto a condiciones razonables y controles estrictos. Desgraciadamente, el séptimo eje no se pronunció sobre este punto.
Mientras todo esto se anuncia y discute, por el lado está operando un mecanismo que plantea un riesgo de verdad grave a la democracia representativa. El Tribunal Constitucional (TC) considera eliminar las «tablas de factores de riesgo» de la legislación sobre isapres. Si lo hace, jueces políticamente irresponsables van a redistribuir los costos de salud de los ciudadanos. Al hacerlo, impedirán al legislador distribuir esos costos de acuerdo con la edad y sexo de las personas, por ser inconstitucional, privando de racionalidad económica a la legislación futura.
Y en esto va a dar lo mismo que los jóvenes -cuyos costos de salud van a subir- voten en masa una vez inscritos automáticamente: el TC no tiene responsabilidad política. Vaya amenaza a la democracia representativa. El eje siete debería ocuparse de ella. Se necesitará toda la fuerza de la cábala para conjurarla.
