El abogado Enrique Rajevic analizó las primeras propuestas de norma constitucional para avanzar hacia un Estado más moderno al servicio a los ciudadanos.
“Las regulaciones que han tenido las anteriores constituciones -me refiero a la de 33, la del 25 y la del 80- no han garantizado la formación de un sistema de empleo público profesional ni imparcial. Las tres cartas establecen como un derecho fundamental acceder a los cargos públicos, pero no lo frasean como algo que requiere igualdad en el acceso, lo que se ha traducido en que actualmente, más de 2/3 tercios de los funcionarios no hayan llegado mediante un concurso legalmente regulado”. Ese fue el planteamiento inicial del profesor de la Facultad de Derecho, Enrique Rajevic en su exposición en el seminario “Empleo público, servicio civil y nueva Constitución”, que se realizó el 2 de febrero pasado.
A la hora de plantear cómo avanzar en esta materia, el abogado advirtió que “la administración pública no está compitiendo en el mercado como ocurre con el sector privado, sino que muchas funciones son monopólicas y eso exige, tener reglas que eviten la captura política o de intereses particulares del empleo público por parte de quienes trabajan en la administración y lograr entonces que se alinean con el interés general”. Por ello, agregó, lo que deberíamos preguntarnos es si queremos separar gobierno de administración y una alta dirección pública en la que prevalezca el mérito sobre la confianza. En este sentido, afirmó, que “la Constitución debería limitarse a dar las bases de la regulación y permitir que el legislador democrático pueda ir generando puntos de inflexión y exigiendo prioridades”, subrayando como algo positivo el hecho de que haya iniciativas en la convención que se están haciendo cargo de este tema de una manera que no había ocurrido antes en nuestro derecho constitucional.
La presentación fue comentada por los convencionales constituyentes Hernán Larraín y Tammy Pustilnick, en una conversación que fue moderada por Eugenio García-Huidobro. Larraín dijo que como es muy probable que el rol del Estado salga fortalecido en la nueva Constitución, tenemos que hacernos cargo de definir cuál es la musculatura que necesita para responder a esas demandas. “Requerimos iniciar un cambio cultural respecto a cómo entendemos la separación entre el Gobierno y la administración del Estado, de modo que podamos contar con un Estado moderno, profesional y meritocrático en el cual la gente confíe, para que el amplio catálogo de derechos que va a surgir de una nueva Constitución no termine en letra muerta por la incapacidad de ser ejecutados”.
Por su parte, Pustilnick, destacó la conciencia transversal sobre la relevancia del tema, señalando estar bastante optimista respecto a poder lograr 2/3 en algo tan fundamental como es la modernización del Estado y de la función pública, en especial dado lo que se está planteando para las regiones. “Una nueva estructura hace mucho necesario contar con un servicio civil regional para que también pensando en la urgencia de evitar la captura de los servicios por parte de élites locales y también para evitar casos de corrupción y de mal servicio”, concluyó.
