La semana pasada los votantes del Estado de California fueron a las urnas para decidir entre Donald Trump o Hillary Clinton.
También votaron por sus futuros senadores y diputados federales así como sus senadores y diputados del estado. Como si todo ello no fuera poco, los votantes de California tuvieron que decidir sobre 17 propuestas sometidas a plebiscito. Es decir el votante en California tuvo que tomar decisiones por lo menos respecto de 23 temas. Eso, si es que no habita en ciertas ciudades donde además se sometieron a voto popular medidas como el estadio de San Diego, la regulación del tráfico en Los Ángeles, y los impuestos a las bebidas azucaradas en San Francisco.
El uso de plebiscitos en California lleva más de cien años. Sin embargo, su experiencia es ilustrativa de algunos de los principales problemas de este mecanismo de democracia directa.
Quizás el más notorio es que los votantes suelen privilegiar sus necesidades de corto plazo por sobre beneficios que solo serán visibles varios años o décadas más tarde. Un clásico ejemplo de ello es que, en los años cincuenta y sesenta, cuando varias ciudades de Estados Unidos decidieron añadir flúor al agua potable, a pesar de la masiva evidencia científica respecto de sus beneficios, la gran mayoría de los votantes se pronunció en contra -incluso en ciudades tan educadas como Cambridge, Massachusets.
Iniciativas que promueven mejores colegios, nuevos hospitales y regulaciones penales más severas suelen ser altamente populares, al mismo tiempo que lo son aquellas que rebajan impuestos—lo que ha tenido un efecto en el presupuesto de algunos estados incluyendo California.
En parte, ello se debe a que, contrario a la idea que los votantes deciden su voto recurriendo a diversas fuentes de información, hay estudios en California que evidencian el rol que los grupos de interés cumplen en los plebiscitos. Conocido es el rol que cumplen voluntarios pagados por sponsors y empresas haciendo campañas supuestamente ciudadanas para poner una determinada cuestión en la próxima papeleta. Por supuesto que dichos grupos también ejercen influencia en el Poder Ejecutivo y Legislativo, pero ahí están regulados.
Por otra parte, en general, los votantes no tienen o el interés o el tiempo para informarse y adentrarse en las complejidades de decisiones de diversa magnitud. Las 17 medidas sometidas a plebiscito popular en California la semana pasada trataban los más variados temas: educación, salud, la marihuana, control de armas, uso de bolsas plásticas, pena de muerte, condones en la industria pornográfica, regulación del proceso legislativo, impuesto al tabaco, tasas de impuesto a las personas, regulación de la libertad condicional, etc. Difícil imaginar que la gran mayoría de los votantes se haya adentrado en las complejidades de cada una de estas decisiones. Y qué problemático parece ser el otorgarle el mismo valor a la decisión sobre la regulación de las bolsas plásticas que a una definición sobre la pena de muerte.
Los plebiscitos, pensados como una alternativa a los problemas de las instituciones propias de la democracia representativa, han demostrado, en muchos casos, estar sujetos a los mismos conflictos de ésta, pero con menos posibilidades de control. Quizás vale la pena revalorar la tramitación legislativa, que si bien es más lenta y engorrosa, permite precisamente aquello que es más difícil en la democracia directa: hacerse cargo de que no hay soluciones fáciles a cuestiones difíciles.
