La medida básica para limpiar el financiamiento político es reducir el clientelismo en el Estado.
Brasil y Canadá están sufriendo los efectos de una regulación inadecuada del financiamiento político. Un video reveló cómo operaba uno de los recaudadores de fondos del Partido dos Trabalhadores (PT) para la campaña de 2002 que llevó a Lula al poder. En el sistema brasileño, los aportes a las campañas son negociados entre el donante y el recaudador, en secreto. Peor aun, los altos directivos del Estado y de las empresas estatales no son profesionales seleccionados por mérito dispuestos a resistir las presiones de superiores partidistas, sino operadores políticos. En este caso, el recaudador de fondos era titular de una empresa de loterías de propiedad del Estado de Rio de Janeiro, que a su vez era dominado por el PT. Así, el recaudador fue puesto en una posición que le permitió ofrecer regalías de parte de esa empresa a un conocido empresario, a cambio de una fuerte donación a la campaña de Lula.
En Canadá el Partido Liberal ha sido acusado de desviar 75 millones de dólares para sus campañas, por medio de una red de boletas ficticias y contratos simulados que cubría a cinco Corporaciones de la Corona. El jefe de gabinete de Chretièn que era responsable personal de su estrategia electoral en Quebec, y que destinaba los fondos captados por los contratos ficticios, es ahora el ejecutivo jefe de Via Rail Canada, una empresa estatal. El ejecutivo jefe de la Empresa de Correos de Canadá ha sido descrito como un «animal político» cercano al ex Primer Ministro Chretièn. El actual Primer Ministro, Paul Martin, se vio forzado a investigar por la denuncia de la Contralora General, pero pocos creen en su defensa de que «no sabía», pues es del mismo partido.
Estos escándalos demuestran una vez más que la medida básica para limpiar el financiamiento político es reducir el clientelismo en el Estado. Mientras los servicios del Estado, las empresas del Estado y los departamentos de obras y de contratación de los municipios sean dirigidos por leales oficialistas, no se podrá garantizar a la ciudadanía que los recursos y las facultades públicas no han sido «privatizadas» transitoriamente para ayudar a la elección del candidato oficialista. En forma visionaria, la Alianza por Chile exigió en 2003 a la Concertación legislar para terminar con abusos análogos en Chile. El producto fueron las leyes 19.882 y 19.884, que iniciaron una transición fundamental en el financiamiento político en Chile.
Durante 2004, se deberá designar en forma imparcial y por mérito a los jefes de 48 servicios públicos en el estado central. Sin embargo, la tardanza en la designación de los funcionarios clave lleva ya tres meses. La pieza fundamental para lograr imparcialidad es la aprobación por parte del Senado de cuatro miembros de un Consejo que buscará ejecutivos y propondrá una terna de candidatos al Presidente de la República, para cada uno de esos 48 puestos. Sin embargo, como aún no se han propuesto al Senado los cuatro consejeros, es difícil que sean designados antes de abril.
Urge también extender el concepto de designación imparcial a los jefes municipales con facultades de contratación y de concesión de subsidios a personas en situación de pobreza.
Las nuevas leyes también exigen a los candidatos llevar la contabilidad de su campaña y condicionan la entrega de subsidios imparciales a la aprobación de esa contabilidad por parte del Servicio Electoral. También crean un canal eficiente para las donaciones privadas honestas a las campañas, llamado «vía reservada». En ésta, el dinero debe ser entregado primero a ese servicio, quien lo transfiere al beneficiario sólo cuando el donante lo identifica en forma reservada. Como el beneficiario no puede verificar la destinación, se evita la negociación. Así, quienes quieran donar a cambio de favores estatales deberán optar por vías totalmente ilegales, y exponerse a la celosa investigación del Servicio de Impuestos Internos. En la medida que ellas se arraiguen, la democracia chilena se librará de abusos como los que afectan hoy a Brasil y Canadá, y el menor riesgo político nos permitirá crecer más rápido.
