La especialización en los saberes, la escasez de tiempo y recursos, incluyendo el recientemente reconocido derecho al ocio, parecieran obstaculizar tan ambiciosa agenda.
Conocida crítica del Estado docente, “especie de trust para la manufactura unánime de las conciencias”, Gabriela Mistral calificaba de hipocresía la creación al alero del Estado de escuelas neutras ( “criatura confesional como cualquiera”, “En Francia esta escuela neutra es spenceriana (…), jacobina, radical, etc.”). Sin caer en idealizaciones, veía en la libertad de enseñanza un “respiro de esta asfixia del Estado docente”. La vehemencia de sus palabras podrían pecar por su falta de matiz, aunque emergían de su experiencia como profesora en escuelas rurales y vasto conocimiento de la educación en otros países.
Algunas de las normas de la nueva Constitución aprobadas se encaminan hacia una nueva versión de Estado docente. Su foco de acción traspasa la formación escolar. Por ejemplo, la educación digital deberá ser asegurada por el Estado a todas las personas por medio de políticas públicas y financiamiento de planes y programas gratuitos. En cuanto a su temporalidad, pareciera abarcar todo nuestro ciclo de vida. Así, en materia de educación ambiental y científica, el Estado deberá promoverla “mediante procesos de formación y aprendizaje permanentes”. Finalmente, se entrevé cierto enfoque hedonista en algunos contenidos a ser impartidos. El currículum de una educación sexual integral, además de comprender la responsabilidad individual (autocuidado y consentimiento) y hacia terceros (erradicación de estereotipos y prevención de la violencia de género y sexual), deberá promover “el disfrute pleno y libre de la sexualidad”.
La pandemia dejó en evidencia la brecha digital, particularmente en sectores de edad más avanzada, en momentos en que la posibilidad de movernos y acceder a prestaciones socioeconómicas requería de trámites electrónicos. Podrá discutirse su reconocimiento constitucional, pero difícilmente existirá desacuerdo en que el Estado intervenga para reducir la igualdad de oportunidades digitales. Menos claro resulta lo relativo al aprendizaje permanente en materias ambientales y científicas. La especialización en los saberes, la escasez de tiempo y recursos, incluyendo el recientemente reconocido derecho al ocio, parecieran obstaculizar tan ambiciosa agenda. Y en cuanto a la promoción del placer sexual desde el Estado, ¿se contratarán o ingresarán como funcionarios públicos a supuestos especialistas en la materia (qué difícil definir los perfiles para el cargo)? ¿Se elaborarán manuales oficiales (cuánta curiosidad por leer las bases de licitación)?
No vaya a ser que este sustentable y sexy Estado docente nos conduzca a un “fanatismo unanimista” respecto de cuándo queremos o no aprender sobre ciencia y medioambiente, y para qué decir respecto al rendimiento o desempeño en la privacidad de nuestras alcobas.
