«Llama doblemente la atención porque el Gobierno es minoría en ambas cámaras, por lo que se le podría poner presión política con relativa facilidad, sin fuegos de artificio”.
Por Nicolle Peña
Una discusión profunda del régimen político, para exorcizar el populismo, se
demanda en estos días a juicio del subdirector del Centro de Estudios Públicos
(CEP), Lucas Sierra, al observar hitos como la fallida acusación constitucional
contra el ministro de Salud y la que se encuentra en curso contra los supremos.
En una entrevista vía e-mail , el especialista en derecho constitucional e
instituciones públicas advierte que se ha incurrido en el abuso de un mecanismo
excepcional.
«Hay tensiones distintas. Las realmente graves me parece que son las
acusaciones constitucionales», afirma. «La del ministro de Salud y la actual contra
tres jueces supremos son artificiosas, voluntaristas, un abuso del procedimiento.
Algunos analistas tratan de explicarlo, de justificarlo, en realidad, diciendo que el
derecho a acusar existe y que se está ejerciendo. Además de ser tautológico,
esto es un error porque oculta el hecho de que la acusación es un mecanismo
extremo y que debe ser muy excepcional. Estas acusaciones lo banalizan,
agravando artificialmente el problema de los sistemas presidenciales que es el
de carecer de salidas políticas a las tensiones políticas entre Gobierno y
Congreso. Es irresponsable», dice. También advierte: «Creo que estas
acusaciones vienen principalmente del extravío o de la falta de ideas o de la
flojera, o de todo esto junto, del Frente Amplio y de algunos otros a la hora de ser
oposición. Y llama doblemente la atención, porque el Gobierno es minoría en
ambas cámaras, por lo que se le podría poner presión política con relativa
facilidad, sin recurrir a estos fuegos de artificio».
—El abogado Luis Cordero planteó que «la falta de confianza puede
debilitar las instituciones y alimentar el populismo» y que el país «está
siendo sometido a un intenso estrés institucional».
—Tiene razón. Hay una relación inversamente proporcional entre instituciones y
populismo: mientras más débiles las primeras, más fuerte puede ser el segundo.
El populismo se caracteriza por un ejercicio del poder directo, inmediato, entre el
líder y la masa, sin la intermediación de instituciones. Para evitarlo, las
instituciones fundamentales son los partidos. En Chile, como en muchos países,
se han debilitado; aquí todavía son relevantes y, gracias a las últimas reformas
de su ley, pueden afirmarse más. Pero los partidos serán verdaderamente
fuertes si el Congreso es fuerte. Aquí hay una tarea pendiente: el
presidencialismo que tenemos debilita al Congreso y, de paso, a los partidos. Si
queremos de verdad exorcizar el populismo, deberíamos estar discutiendo el
régimen político, sin perder el tiempo en acusaciones pirotécnicas cuyo
resultado, paradójicamente, volverá a debilitar al Congreso.
—¿A qué tipo de presidencialismo deberíamos apuntar?
—El proceso legislativo está demasiado cargado hacia el Presidente de la
República, quien tiene iniciativa exclusiva en muchas materias y maneja el ritmo
del proceso. Los parlamentarios no tienen condiciones para verdaderamente
involucrarse en el devenir el país, tomar crédito si éste va bien o pagar un precio
si va mal. Por otra parte, el Congreso no tiene mecanismos efectivos para hacer
efectiva la responsabilidad política del Gobierno. Las interpelaciones sirven de
poco. Cuando hay una diferencia entre Gobierno y Congreso, no hay una salida
política fluida. Sólo existe el misil de las acusaciones, que exigen razones
jurídicas (abandono de deberes), no políticas, por lo que son traumáticas. Para la
reforma, deberíamos mirar, por ejemplo, el semipresidencialismo francés: un
Presidente electo responsable ante la ciudadanía y un Primer Ministro
responsable ante el Congreso. Separar Estado y gobierno, con mecanismos
para reducir el mal del semipresidencialismo: la cohabitación.
—Siete ex ministros del Interior DC afirmaron en una carta a El Mercurio
que tensionar las relaciones entre poderes del Estado «sólo puede allegar
dificultades a la ya difícil situación en que se encuentra la reputación
pública de nuestras instituciones». ¿Qué tanto afectan los episodios en
curso?
—Este tipo de acusaciones pueden afectar la confianza pública, sin duda. Son
tan artificiales que generan incredulidad, alejan, dan la imagen del Congreso
como un espacio de frivolidad. Espero que la acusación contra los jueces se
rechace como la anterior y se termine esta moda de hacer oposición. Que
gobierno y oposición se vean las caras en la arena propiamente política y no en
la cuasi-judicial de las acusaciones constitucionales, una forma muy perversa de
la ya perversa «judicialización» de la política. Si se tiene un problema con las
libertades condicionales de violadores de DD.HH., en el propio Congreso hay un
proyecto que modifica la ley respectiva (…) Se acusa a los jueces por tener
interpretaciones perfectamente compatibles con la ley vigente. Mientras tanto, la
reforma de esta ley duerme en los escritorios de los acusadores.
Sierra también previene que, de prosperar la acusación, «pone en peligro esta
cara externa de la independencia» que los jueces tienen respecto de otros
poderes del Estado, «pues los parlamentarios se arrogarían para sí la
interpretación de la ley aplicada a un caso ya fallado. Fallarían ellos, suplantando
a los jueces».
