La tentación de recortar drásticamente o eliminar programas con resultados deficientes parece natural frente a recursos escasos. No obstante, cuando la evaluación se asocia principalmente a consecuencias presupuestarias negativas, se debilita la disposición de los organismos que conducen políticas públicas, y con ello, el desarrollo de una verdadera cultura de evaluación dentro del Estado.
En contextos de estrechez fiscal, como el actual panorama de Chile, las evaluaciones de los distintos programas gubernamentales adquieren una relevancia crítica en la discusión presupuestaria. Ante las múltiples necesidades del país y las severas restricciones en el gasto, es imperativo que el presupuesto asignado brinde el máximo beneficio desde un punto de vista social. Sin embargo, esta problemática fiscal esconde una tensión que podría ser dañina para el Estado a largo plazo.
Nuestro país destaca por una trayectoria reconocida en materia de evaluación. El sistema de monitoreo y evaluación de programas cuenta con un marco institucional sólido y metodologías claras. Si bien existen espacios de mejora, como la coordinación institucional, el acceso oportuno a datos y el uso efectivo de los resultados, Chile ha desarrollado capacidades poco frecuentes en la región.
Sin embargo, la estrechez fiscal introduce el riesgo de que las evaluaciones se perciban exclusivamente como instrumentos de ajuste presupuestario. La tentación de recortar drásticamente o eliminar programas con resultados deficientes parece natural frente a recursos escasos. No obstante, cuando la evaluación se asocia principalmente a consecuencias presupuestarias negativas, se debilita la disposición de los organismos que conducen políticas públicas, y con ello, el desarrollo de una verdadera cultura de evaluación dentro del Estado.
Construir dicha cultura supone mucho más que la existencia de indicadores o informes técnicos. El Magenta Book, la guía de evaluación del HM Treasury británico, plantea que una cultura de evaluación existe cuando esta práctica se integra al funcionamiento habitual de las instituciones, formando parte del ADN del diseño y ejecución de las políticas. Evaluar no consiste únicamente en medir resultados, más bien es un proceso que genera valor de forma recursiva en el ciclo de las políticas públicas.
Para que ello ocurra, los organismos públicos deben desarrollar una disposición permanente a producir información de calidad, transparentar debilidades y someterse al escrutinio técnico. Pero estos incentivos pueden deteriorarse cuando las evaluaciones se perciben como “un garrote”. En este escenario, los servicios públicos podrían tener incentivos, por ejemplo, a dificultar el acceso a la información o esconder sus programas del sistema de monitoreo.
La paradoja es evidente. Mientras más se busca forzar el uso de la evidencia para justificar ajustes de gasto, mayor es el riesgo de erosionar las condiciones necesarias para producir esa misma evidencia. Una cultura de evaluación sólida requiere que los organismos públicos perciban que evaluar también sirve para mejorar, adaptar y aprender.
Vincular evaluación y presupuesto es necesario y responsable. Pero transformar la evaluación en una herramienta de ajuste fiscal unidimensional puede terminar debilitando el camino hacia una cultura evaluativa y, precisamente, las capacidades que permiten evaluar con rigor las políticas públicas.
