El problema es que las reglas, postergaciones y ajustes se discuten a nivel de gobierno central, pero son los municipios los que pagan el costo al dejar de percibir recursos…
La larga lista de exenciones y resguardos que contempla la Ley 17.235 sobre impuesto territorial no se condice con la eficiencia de este impuesto desde la perspectiva económica. Por lo pronto, la OCDE ubica al impuesto a los bienes raíces (específicamente, los residenciales) en el primer lugar del ranking como el menos «dañino» para el crecimiento económico.
Ahora bien, es muy probable que las contribuciones estén también a la cabeza de otro ranking : el del impuesto más odiado por el contribuyente. Tanto es así, que a pesar de ser pagadas solo por el 23% de las viviendas más caras, la molestia de los propietarios afectos a este impuesto al patrimonio (sean o no de clase media) siempre ha logrado permear la clase política. Esto se ha traducido en sucesivas postergaciones de los reavalúos programados originalmente en la ley (1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 2005, 2010, 2012 y 2014), o bien en numerosos mecanismos de exención, como aquellos vigentes para las viviendas DFL2, las múltiples exenciones a particulares fijadas en la propia ley, y el mismo hecho de que los avalúos, en promedio, siguen estando en torno al 60% del valor comercial de las propiedades.
Junto con ello, la ley establece una serie de ajustes automáticos que se activan cuando un reavalúo logra efectivamente materializarse sorteando las habituales postergaciones de última hora. En estas extrañas ocasiones, se activa una limitación en el incremento de la cuota a pagar por el contribuyente (el incremento no puede superar el 25%), y automáticamente se eleva el límite exento en la misma proporción del incremento promedio de los avalúos (ahora subió de 23 a 33 millones de pesos). La primera medida busca proteger al contribuyente frente a eventuales restricciones de liquidez. La segunda solo se explica como medida para no incrementar la cobertura del tributo y, así, mantener al grueso de la población (77%) exenta de él. Por cierto, ambas medidas tendrían menos sentido si los reavalúos se materializaran más frecuentemente y no acumuláramos alzas de valor tan grandes como las registradas en los últimos años.
La rebaja en la tasa del impuesto territorial aplicada por el nuevo gobierno es uno más de estos mecanismos consagrados en la ley. Apunta a que la recaudación por concepto de contribuciones no aumente más de 10% en el primer semestre de la vigencia de un nuevo avalúo. A principios de año, el gobierno saliente ya había ajustado a la baja las tasas para reducir el aumento de recaudación total a 10%, que es el umbral máximo definido en la ley. El gobierno entrante volvió a bajarlas, dejando en 7% el aumento en recaudación.
Es curioso que un impuesto tan eficiente tenga tantas válvulas de escape y que gatille tantas gestiones políticas de última hora. Una razón posible es que este tipo de decisiones no afectan los ingresos del gobierno central. El problema es que en este nivel se discuten las reglas, postergaciones y ajustes, pero son los municipios los que pagan el costo al dejar de percibir recursos.
Dicho lo anterior, es evidente que la situación de los adultos mayores es un problema relevante que merece una revisión. En la anterior administración del Presidente Piñera se presentó y aprobó un beneficio para que los propietarios de viviendas avaluadas en menos de 88 millones (a pesos de 2018), y con ingresos bajo el límite exento de impuesto a la renta, nunca pagaran más del 5% de sus ingresos anuales en contribuciones.
Tal vez llegó el momento de revisar este beneficio y evaluar una eventual ampliación. Sobre todo ahora que el último reavalúo privará de este beneficio a parte importante de los apenas 20.000 contribuyentes que lo solicitan anualmente. Una medida en esta línea, focalizada en quienes pueden tener patrimonios altos, pero ingresos corrientes bajos, parece más pertinente que una rebaja pareja de tasas, la que, ciertamente, beneficia también a segmentos de mucho mayores ingresos que los que recibe la siempre invocada y rara vez bien definida clase media.
