Escribo mientras la huelga de hambre de los reclusos mapuches sigue en pie. Un episodio lamentable, en el que el Estado falla por todas partes.
Gobierno y Congreso se apuran en modificar la legislación criticada por los huelguistas, y se establece una mesa de diálogo. Pero todo se hace sin que se haya bajado la huelga. Así, las autoridades han olvidado un principio elemental de buen gobierno: no se negocia con la pistola sobre la mesa. Esto último es lo que ocurre en un secuestro, situación distinta porque es un delito, y no, como la huelga, el ejercicio del derecho a expresarse contra la autoridad.
Es sensato revisar la legislación antiterrorista y el papel de la jurisdicción militar en democracia. Ambos deben reducirse al mínimo, pues desequilibran mucho la relación entre los individuos y el Estado a favor de éste. La huelga de hambre es un oportuno llamado a esa revisión, y los colegisladores han hecho bien en manifestarse dispuestos. Pero no deberían proceder mientras la pistola esté sobre la mesa.
Porque así las cosas se confunden. En lugar de situarse ante ciudadanos que ejercen un derecho, la autoridad se pone a sí misma como si estuviera frente al autor de un delito de secuestro. En esta confusión, las instituciones de la República pierden sus contornos, generando un vacío que pasa a ser llenado por terceros: las iglesias. Y el Gobierno desanda el correcto camino por el que había avanzado al decidir como lo hizo sobre las propuestas de indulto que las iglesias hicieron.
Y en medio de la confusión, los tribunales son llamados a intervenir. Para cubrirse las espaldas, para sacar las castañas con manos judiciales, la autoridad política interpone un recurso de protección con el fin de que se pueda alimentar por la fuerza a los huelguistas. Y fiel a su jurisprudencia, los jueces acceden, alterando una vez más la balanza entre individuo y Estado a favor de este último.
Esa jurisprudencia empezó en 1984. En plena dictadura, estudiantes de la Universidad Católica iniciaron una huelga de hambre en una parroquia para protestar por la expulsión de unos compañeros. Un grupo de profesores recurrió de protección, para asegurar la vida e integridad física de los propios huelguistas y, aún más increíble, para proteger el honor de las autoridades universitarias, pues la huelga las exponía como «intransigentes» ante la opinión pública. Los jueces accedieron a ambas peticiones.
Por suerte, el argumento del honor ya no se usa, pero el de la vida e integridad de los huelguistas es el mismo. Una muestra exquisita de cuán irrespetuosos por los individuos y su autonomía seguimos siendo. Exquisita, porque envuelve a los jueces, llamados como ninguna otra autoridad a proteger esa autonomía.
La alimentación forzada de los huelguistas ignora el hecho de que una huelga de hambre es un ejercicio del derecho fundamental a la libre expresión. Ignora, también, el hecho de que los huelguistas, personas adultas, han decidido autónomamente ejercer su derecho así, a sabiendas de las posibles consecuencias. E ignora, por último, el hecho de que en el mundo de los asuntos humanos -el único en que podemos convivir todos como comunidad política-, la vida propia pertenece a cada uno (por eso no se castiga al suicida frustrado).
Los que salen mejor parados son los huelguistas. Con toda su radicalidad, a fin de cuentas los ampara un derecho fundamental. El Estado, en cambio, falla. Por todos lados. El Gobierno y Congreso proceden con las peticiones de los huelguistas sin que antes depongan su actitud. Si no la deponen, bueno, se les debería dejar seguir, ejerciendo su derecho a expresarse contra la autoridad. Algo nada fácil políticamente, claro, pero correcto. Al no hacerlo así, el Estado se pone innecesariamente en el lugar de quien le secuestran un ser querido, cediendo espacio a terceros, las iglesias, que no deberían protagonizar una cuestión tan pública.
Y los jueces. Otra vez repiten un razonamiento impresentable, por su paternalismo y porque, en lugar de proteger la autonomía de los individuos en el ejercicio de sus derechos, la inhiben.
