No es posible que el presidente de la comisión de Educación del Senado, Fulvio Rossi, y el senador Jaime Quintana falten a la verdad afirmando públicamente que no hay razones para que sostenedores de colegios subvencionados abandonen el sector. Al parecer, los senadores ignoran que la forma en que el proyecto de ley termina con el copago perjudica a más de medio millón de alumnos; el propio Gonzalo Muñoz, jefe de la División de Educación General del ministerio, afirmó que habría alumnos perjudicados.
También desconocen que el proyecto que termina con el lucro obliga a los sostenedores a comprar sus inmuebles en un breve plazo de tiempo para una inversión de esta envergadura. Ello hace inviables los proyectos educativos que arriendan sus instalaciones a terceros, cuyos dueños no quieren vender, o cuya inversión en el inmueble no es posible de recuperar en el plazo estipulado o cuyo valor de mercado es superior al tope establecido por el Gobierno.
Actitudes como estas lesionan nuestra democracia. La manera de dar tranquilidad a las familias no es negando los efectos indeseados del actual proyecto de ley, sino introduciendo lo antes posible indicaciones que subsanen estos problemas.
