La incompetencia, el populismo y la captura de la política pública por parte de grupos de poder
La incompetencia, el populismo y la captura de la política pública por parte de grupos de poder son las tres barreras para el desarrollo económico. La primera, se combate con educación. Y en eso, bien o mal, estamos trabajando. Las otras dos son caras de una misma moneda: el Estado.
El gobierno está impulsando reformas a los sistemas tributario, educacional y político, y ha comprometido otras en el ámbito laboral y previsional. Para algunos son demasiadas, pero falta una: modernizar el sistema público.
Un Estado débil en lo institucional no puede evaluar adecuadamente sus proyectos de inversión; enfrenta dificultades para gastar con eficiencia sus escasos recursos; y corre el peligro de que sus reformas sean bloqueadas por grupos de interés en desmedro del bien común, o de apadrinar políticas públicas populistas ante señales de descontento social.
Durante los últimos 10 años hemos dado pasos para mejorar al Estado. Por ejemplo, con la creación del sistema de Alta Dirección Pública en 2003, tras el “Acuerdo Político-Legislativo para la Modernización del Estado” entre el gobierno del Presidente Lagos y los partidos de oposición. Desde entonces, los cargos públicos asignados técnicamente han pasado de 414 a 1.255. Pero persisten más de 1.300 cargos de confianza de la Presidencia, pese a que diversos estudios indican que deberían ser menos de 400. Progresos más recientes incluyen el establecimiento de metas dentro de la gestión pública, la creación de una nueva institucionalidad en materia de recursos humanos y el impulso al desarrollo del gobierno electrónico. Estos son insuficientes ante los desafíos comprometidos y dado el nivel de desarrollo económico que hemos alcanzado.
Un cambio necesario es la creación de un consejo independiente que pueda acceder a los datos que tiene la autoridad para analizar las reformas y sus implicancias. En Estados Unidos esta labor la realiza, desde 1974, el Congressional Budget Office. E instituciones similares han sido creadas en la mayoría de los países avanzados durante la última década. Clave es que este consejo disponga de recursos para desarrollar estudios propios. En Chile, los gobiernos tienen carta blanca al impulsar reformas, sin una contraparte que pueda cuestionar los datos, las metodologías, los supuestos y, en definitiva, los resultados esperados. Esto impide la rendición de cuentas, desgasta el trámite legislativo y acaba deteriorando lo público.
Cuando el Estado espera aumentar la carga tributaria, y asume como compromiso la calidad en materias complejas como la educación; cuando se espera alcanzar el desarrollo y se enfrenta el reto político de crecer con equidad, que los ciudadanos confíen en las instituciones públicas, resulta más urgente. Su modernización sienta las bases para esa confianza y representa una reforma cardinal. Porque si el proceso transformador que hemos asumido falla, la frustración será doble: la generada por reformas profundas con efecto negativo o superficial, y la de un país que pese a mirar a la región por el espejo retrovisor, acabó entrampado en el club de las economías de ingreso medio.
