Si bien esta medida puede ayudar en el corto plazo a subsanar la discriminación histórica contraeste tipo de formación, sería importante que este proyecto se complementara con otras medidas.
Sequía legislativa han acusado los parlamentarios. Sin embargo, al menos la Comisión de Educación del Senado no debería quejarse, pues tiene dos proyectos importantes que tramitar: la extensión de la gratuidad a los estudiantes del séptimo decil de ingresos de los Centros de Formación Técnica (CFT) e Institutos Profesionales (IP) y el nuevo sistema de créditos que reemplazará al Crédito con Aval del Estado (CAE) y el Crédito Solidario (CS).
Ambos proyectos abordan el financiamiento de la educación superior, pero sus objetivos son absolutamente distintos. El primero extiende la gratuidad a los estudiantes de CFT e IP que pertenecen a familias que se encuentran en el séptimo decil de ingresos. Este beneficio busca fortalecer la educación técnicoprofesional, que siempre ha sido relegada. Si bien esta medida puede ayudar en el corto plazo a subsanar la discriminación histórica contra este tipo de formación, sería importante que este proyecto se complementara con otras medidas que tienen por objeto terminar con discriminaciones arbitrarias y valorizar este camino formativo. Por ejemplo, sería una señal importante para el mundo técnico-profesional cambiar la regulación vigente de títulos y grados, permitiendo a los CFT e IP entregar el grado de licenciado técnico. Esta medida no solo estaría en línea con lo que se observa en la gran mayoría de los países desarrollados, sino que también facilitaría los estudios de magíster técnicos, tanto en Chile como en el extranjero. También se podrían revisar las exigencias para trabajar en determinados cargos en el Estado, que exigen carreras de 10 semestres.
El otro proyecto busca dar una solución al financiamiento estudiantil para la educación superior, aliviando la vida de miles de jóvenes. El nuevo sistema propone un único crédito solidario para todos los estudiantes de los primeros nueve deciles de ingresos que estudien carreras de pregrado en instituciones de educación superior que se encuentren adscritas a este sistema y es retroactivo para quienes hoy se encuentran pagando, terminando así con las discriminaciones arbitrarias entre estudiantes. El crédito contempla para todos los estudiantes el financiamiento total de arancel regulado. Además, contempla un financiamiento diferenciado para la brecha entre el arancel real y el regulado. Este financiamiento cubre entre 30 y 90% de la brecha. Este porcentaje varía en función de la vulnerabilidad del estudiante y la calidad de la institución. Con todo, el crédito total tiene un tope máximo de 1,5 veces el arancel regulado. Estos desincentivos buscan cuidar las arcas fiscales, prevenir la presión al alza de los aranceles de las instituciones y orientar a los estudiantes a optar por los programas que presenten menor brecha o por las instituciones de mejor calidad. Por último, las instituciones deben financiar a través de becas y créditos la brecha entre el arancel real y el crédito del Estado para los estudiantes de los primeros tres quintiles de ingreso. Así, se asegura que los estudiantes de los primeros tres quintiles no deberán desembolsar dinero mientras estudien. Este crédito tiene una tasa de interés de 2% anual, asegura que nadie deberá pagar más del 10% de su sueldo y contempla un seguro que exime del pago a quienes tienen un ingreso inferior al sueldo mínimo. La deuda con el Estado se extingue a los 15 años y quienes se encuentran pagando su crédito hoy pueden acogerse a estas nuevas condiciones.
Este diseño logra un equilibrio entre los distintos intereses que se deben resguardar, a saber, los de los estudiantes, de las instituciones y del Fisco. Si bien existen aspectos que pueden ser subsanados en el proyecto, llegó la hora de que nuestros legisladores demuestren voluntad política para terminar con el CAE, que se ha convertido en una pesadilla para miles de chilenos.
