El jefe de la División de Educación General afirma en su carta de ayer que el proyecto que termina con el copago establece un período de transición de 10 años, durante el cual no será obligatorio acogerse a la gratuidad. Sin embargo, olvida mencionar que durante esos 10 años se congela el techo del copago en pesos y se descuenta anualmente de dicho techo el reajuste en pesos de la subvención, reduciéndose su valor real en 61% al décimo año sin que el Estado haya incrementado en un peso real la subvención. Solo por este concepto se verán perjudicados, a partir del primer año, casi tres mil alumnos, y al año diez, más de 260 mil.
En régimen, si el proyecto se aplica en su condición actual, cerca de 900 colegios se verán afectados, según la base de datos del Mineduc del año 2012, donde estudian 580 mil estudiantes. A pesar de las discrepancias en los números, Gonzalo Muñoz afirma que habrá alumnos perjudicados y cree, pero no está seguro, que estos pueden tender a cero, pues al eliminarse el lucro los recursos que hoy se retiran se reinvertirán en los colegios y existiría la intención de inyectar más recursos a educación.
Es fundamental aclarar que una proporción considerable de los perjudicados asiste a colegios sin fines de lucro y, por último, que no es posible debatir a partir de suposiciones futuras que no tienen ninguna garantía. Por cierto, si se aumentara la subvención en 2,83 Unidades de Subvención Educacional adicionales no habría alumnos perjudicados, pero en ninguna parte del proyecto de ley se aseguran dichos recursos. En conclusión, a partir del actual proyecto no se puede afirmar, como lo han hecho diferentes autoridades, que nadie se verá perjudicado.
