El programa de gobierno de la Presidenta Bachelet contempla poner fin al financiamiento compartido. Más allá de las legítimas discrepancias en torno a esta medida, si llegara a materializarse, sería fundamental que ella conllevara mayores beneficios que perjuicios. Al ser el financiamiento compartido uno de los componentes que integran el sistema de financiamiento de la educación escolar, su eliminación exige atender al sistema en su conjunto. En este contexto, propongo una alternativa más equitativa para financiar la educación escolar, que promueva la calidad y la integración social del sistema y ponga fin al financiamiento compartido. Esta alternativa contempla las siguientes cuatro medidas:
1. Hacer obligatoria la Subvención Escolar Preferencial (SEP) e igualar su monto entre alumnos de enseñanza básica y media. Así, el Estado aseguraría educación gratuita y un trato igualitario para todos los niños vulnerables del país, junto con aumentar la inversión en la enseñanza media, nivel al que hoy destinamos considerablemente menos recursos que los países desarrollados.
2. Transformar la Subvención por Concentración de Alumnos Prioritarios en una Subvención por Integración Social. Atendiendo a la alta segregación de nuestro sistema educativo, sería conveniente cambiar la lógica de esta subvención por una que fomente mayor integración, premiando a los establecimientos que muestren un índice de segregación menor al de su área geográfica.
3. Aprobar el proyecto de ley que crea la Subvención para la Clase Media introduciendo algunas modificaciones, como por ejemplo extenderla desde el actual sexto al séptimo decil, hacerla incompatible con el financiamiento compartido e igualar los montos de la enseñanza media a los de básica. El actual sistema de financiamiento tiene un vacío respecto de los alumnos de clase media, pues el Estado entrega la misma cantidad de recursos a un alumno cuya familia tiene un ingreso autónomo de $470.000 mensuales que a uno cuya familia tiene un ingreso autónomo de $3 millones mensuales. Con esta medida se garantiza educación gratuita a tres de cada cuatro estudiantes del sector subvencionado y se corrige la inequidad del actual sistema de financiamiento.
4. Disminuir el monto del financiamiento compartido que cobra cada escuela, y que ello vaya de la mano con un aumento de la subvención general. Dado que no se puede en un plazo razonable aumentar la subvención general en $68.000 (monto que hoy recibe un establecimiento si cobra el tope del copago permitido), se debe encontrar un monto que sea viable desde el punto de vista fiscal y que maximice los beneficios. Considerando que el costo aproximado para formar a un alumno de nivel socioeconómico medio-alto es de $100.000 (FCOCUS), el hecho de que actualmente el gasto público de Chile en educación escolar esté un punto del PIB bajo el promedio de los países de la OCDE y la distribución de la matrícula según el monto del copago, se sugiere aumentar la subvención de forma sostenida en un plazo razonable, hasta alcanzar un mínimo de $40.000 mensuales adicionales.
A medida que aumente la subvención, los establecimientos estarán obligados a bajar el monto del copago, hasta su eliminación, una vez que se alcancen los $40.000. Adicionalmente, se sugiere eliminar el descuento efectivo de la subvención por concepto de financiamiento compartido, de manera que esta medida funcione como un incremento de la subvención, restándose del monto del copago. En régimen, el 96% de la matrícula que asiste al sector subvencionado recibiría un aporte mayor que el que recibe actualmente y el 4% recibiría en promedio $9.000 menos al mes. Sin embargo, si los establecimientos perjudicados se esforzaran por hacer más heterogénea la composición de su alumnado, podrían revertir su déficit al recibir SEP y Subvención para la Clase Media.
El costo total de esta propuesta es de US$ 3.000 millones, prácticamente un punto más del PIB. Esta inversión en educación escolar permitiría no solo cerrar la brecha que nos separa con el gasto público promedio de los países de la OCDE, sino también financiar políticas que son claves para mejorar la calidad de la educación, como una nueva carrera docente.
Atendiendo a la importancia de proveer una educación de calidad y equitativa para el desarrollo social, cultural y económico de nuestro país, resulta fundamental invertir más recursos en la educación escolar, y de forma más justa. El esquema de financiamiento que aquí se propone apunta en esa dirección, incentivando, además, la integración social.
