La noticia de que una diputada independiente habría recibido dineros de una empresa pesquera, un tiempo antes de votar la ley del sector, vuelve a poner bajo la luz las viejas relaciones entre dinero y política.
El caso aún no está del todo claro. Al parecer, habría recibido el dinero fuera de un período de campaña. Tanto esta circunstancia, como la de ser ella independiente, son aquí relevantes.
En Chile, el dinero y la política están regulados solo para las campañas. Hay tres tipos de aportes: anónimos, reservados y públicos. El reservado es interesante porque aplica a las donaciones políticas el mismo secreto que posee el voto. En el voto, el secreto permite votar con libertad sin riesgo de cohecho. En las donaciones permite donar con libertad, sin riesgo de corrupción.
Si bien fue un avance importante, la actual regulación tiene algunos problemas. Uno es que favorece a las personas jurídicas, no a las naturales. Las primeras tienen beneficios tributarios para donar que las segundas no poseen. ¿Cómo arreglar esto? Algunos dicen que prohibiendo a las empresas donar. Las empresas no votan, argumentan, ¿Por qué habrían de donar a las campañas?
Pero ocurre que, como una vez le oí decir a Arturo Fontaine, las empresas no van al teatro y pueden, sin embargo, hacer donaciones «culturales» con beneficios tributarios. ¿Por qué a la política no, si de esta se derivan bienes públicos tan importantes como los de la cultura?
En lugar de prohibir, mejor incentivar también las donaciones de personas naturales. No es fácil. Un crédito contra el impuesto a la renta o contra el IVA: será regresivo (solo los más ricos pagan renta) y difícil de administrar.
Más viable parece un mecanismo de «matching funds»: por cada peso donado, el fisco pone otro o parte de él. Así habría un incentivo a donar y los candidatos saldrían a buscar donantes, aunque no sean ricos. Una democracia funciona mejor con muchos donantes chicos, que con pocos grandes.
Y otro problema de la regulación es que se limita a las campañas, sin abarcar a los partidos fuera de campaña. En una democracia representativa, el trabajo de los partidos es un bien público, por lo que es razonable que el Estado contribuya a financiarlo. Ya lo hace para las campañas, pagando una cantidad por voto obtenido. A cambio de buenas prácticas, debería hacer lo mismo para los partidos.
Con partidos funcionando bien detrás de los legisladores, es más difícil vender votos.
