Opinión ElMercurio, 22 de junio de 2017

¿Fortalecimiento de las universidades estatales?

Harald Beyer | Loreto Cox A. |

Es evidente que el gran riesgo de este proyecto es que podría perfectamente resultar en más recursos contra nada. Aquí se pierde la oportunidad de exigir, o al menos de fomentar de un modo más concreto, políticas necesarias para el sistema de educación superior.

Recientemente, el Gobierno presentó un proyecto de ley sobre universidades estatales: busca fortalecerlas y consagrar un "trato preferente" hacia ellas. Hay un valor en estos propósitos, pero la justificación ofrecida en el proyecto es débil, toda vez que en ocasiones implicará preferir universidades estatales por sobre otras que producen más y mejor investigación, reciben más estudiantes vulnerables o son preferidas por los estudiantes, entre otras características de interés público.

Si bien es cierto que hay países donde el financiamiento público es única o mayoritariamente dirigido a las instituciones estatales, ellos no pertenecen a una tradición de provisión mixta y, a diferencia de acá, nunca han provisto de fondos estatales basales a instituciones privadas. Sin embargo, Chile optó tempranamente por el esquema actual y hay bastante acuerdo en que ha sido beneficioso para el país.

Es razonable, como hace el proyecto, que las universidades estatales sean liberadas de ataduras burocráticas que recargan su gestión y las vuelven menos eficientes y efectivas. También es apropiado que, por un período determinado, se entreguen recursos que permitan superar algunos rezagos de las universidades estatales. Se plantea un comité de seguimiento de este plan, pero sin directrices claras y, menos, definiciones de responsabilidades que aseguren un buen uso de estos recursos. Este comité debería estar integrado no por rectores de las universidades favorecidas, como establece el proyecto de ley, sino por expertos externos, ojalá académicos de universidades estatales extranjeras de gran nivel. Ellos deberían evaluar las propuestas de las instituciones para decidir la asignación de estos fondos, así como el grado de cumplimiento de las mismas.

La fuente de financiamiento permanente que contempla el proyecto es la institucionalización del Convenio Marco que hasta ahora se ha materializado vía Ley de Presupuestos. Nuevamente los criterios de asignación de estos recursos quedan indefinidos. No se establecen incentivos, metas o consecuencias a base de resultados o desempeño. Alternativamente, se podría definir, como ocurre por ejemplo en Inglaterra, un ejercicio de evaluación del desempeño de estas instituciones cada cinco años, que reasigna fondos entre ellas para asegurar su mejor uso.

Un aspecto positivo del proyecto es el cambio en la estructura de gobernanza de las universidades estatales, que le otorga más peso a representantes externos, en línea con la experiencia que se observa en las mejores universidades estatales del mundo. Se cuestiona este cambio, argumentando que limitaría la autonomía universitaria, pero pareciera confundírsela con la autonomía del rector, que no es lo mismo. De hecho, se podría haber innovado más en los mecanismos de elección de rectores. En las experiencias mencionadas, estos son seleccionados no a través de la votación de los académicos, sino a través de comités de búsqueda u otras alternativas similares.

Por su parte, la decisión de establecer un Consejo de Coordinación de Universidades del Estado, a cargo de promover la acción articulada y colaborativa de las universidades estatales entre sí y con los órganos del Estado, no parece conveniente al menos en el diseño establecido en el proyecto de ley. Los aspectos valiosos que podría tener esa coordinación quedan subordinados a una potencial "corporativización" en la toma de decisiones que este diseño significa y la pérdida de autonomía que ello puede significar para cada institución específica. Además, no es evidente, a partir de esta figura, cuál sería la suerte futura del Consejo de Rectores, algo que no deja de ser paradojal, toda vez que en la Comisión de Educación de la Cámara se ha sancionado la posibilidad de ampliarlo, aunque el modo elegido es objeto de disputa.

Más en general, no es claro cómo este proyecto conversará con la reforma a la educación superior, que también está en el Congreso y cuyo destino es incierto. Todo ello revela que aún se carece de una visión del sistema de educación superior en su conjunto.

En suma, es evidente que el gran riesgo de este proyecto es que podría perfectamente resultar en más recursos contra nada. Aquí se pierde la oportunidad de exigir, o al menos de fomentar de un modo más concreto, políticas necesarias para el sistema de educación superior. Solo a modo de ejemplo: articulación del sistema terciario, planes de acceso y apoyo académico para estudiantes vulnerables o, cosa que ni se menciona en el proyecto, acortamiento de carreras (¡nuestras carreras duran en promedio dos años más que en los países de la OCDE!). Al objetivo de fortalecimiento de las universidades estatales le faltan dientes.