Desde antiguo en Chile la ley ha impuesto a la TV obligaciones en relación con la política. La primera ley de TV en 1970 tenía todo un título destinado a la “comunicación política”, en virtud del cual los cuatro canales de la época tenían varias obligaciones; entre ellas, una franja gratuita para las elecciones.
La actual franja fue impuesta por la dictadura en 1988, en la Ley de Votaciones Populares y Escrutinios para el plebiscito de 1988. Un año después, en 1989, se dictó una nueva Ley de TV, vigente hoy, bajo la cual se han entregado las concesiones de TV. Así, estas concesiones han nacido con la carga de la franja electoral.
Comprensiblemente, los canales han desafiado esta obligación, por onerosa (consume valiosos minutos prime time) y por discriminatoria (a pesar de usar el mismo espectro radioeléctrico vía concesiones, las radios no la tienen). Sin embargo, el Tribunal Constitucional en 1988 y la Corte Suprema en 1993 han declarado la franja constitucional.
En estos días ha trascendido a la prensa que el Gobierno consideraría extender la franja a las radios e, incluso, a la prensa. No se conocen detalles, pero algo así no parece, en principio, una buena idea. A las radios quizás, por ser también concesiones de espectro, pero, a diferencia de la TV, sería para ellas una obligación ex post. Además, se las gravaría luego de haber tenido siempre la posibilidad de cobrar por la propaganda electoral. La TV nunca la tuvo.
El caso de la prensa es más claro. Esta no usa espectro ni concesiones. Cualquier imposición de un contenido sería a todas luces inconstitucional.
Pero antes de amenazar la discusión política con posibles inconstitucionalidades, es mejor advertir que la extensión de la franja más allá de la TV es innecesaria. Esta ya es un razonable piso de igualdad, que habría que robustecer mejorando el mecanismo de financiamiento electoral que hoy existe. Este sería un camino más sensato que tensionar todo el sistema imponiendo una franja a medios que no tienen la excepcionalidad de la TV.
