El gobierno ha anunciado que el próximo año la educación superior será completamente gratuita, aun cuando no contemos con un nuevo marco regulatorio ni con un nuevo sistema de aseguramiento de la calidad. ¿Es razonable esta forma de actuar? Ciertamente no.
Existe relativo consenso sobre la urgencia de contar con un nuevo marco normativo, más estricto, que se ajuste a la realidad del país, garantizando el cumplimiento de los principios que orientan nuestra educación superior. Ello no sólo exige un conjunto de reglas claras que norme la constitución de las instituciones de educación superior y sus transacciones con partes relacionadas, con el fin de velar por el bien público, sino también la creación de una superintendencia con las facultades necesarias para poder llevar a cabo su labor fiscalizadora de forma eficiente. La precariedad de la legislación actual es patente y exige una pronta respuesta. Avanzar hacia la gratuidad universal sin antes regular el sistema de educación superior es un grave error que hará más acuciante el problema de su legitimidad.
Para restaurar la confianza en nuestra educación superior requerimos además perfeccionar el actual sistema de aseguramiento de la calidad, subsanando sus falencias estructurales y elevando las exigencias a las casas de estudio. De esta forma, el Estado podrá garantizar que la formación que están entregando las instituciones sea efectivamente de calidad. De poco sirve asegurar educación gratuita si no podemos garantizar que la formación recibida es la adecuada.
Regular adecuadamente el sistema de educación superior y asegurar un estándar mínimo de calidad es urgente y anterior a la necesidad de garantizar acceso gratuito universal. Alterar el orden de las prioridades delata ceguera ante las dificultades que conlleva la gratuidad. Por ejemplo, ¿cuál será el criterio para determinar el estándar mínimo de calidad que el Estado financiará, si la actual acreditación no garantiza calidad alguna? o ¿cuáles serán los factores a considerar para fijar los aranceles que el Estado pagará a cada una de las carreras e instituciones, dado que los actuales aranceles de referencia no se condicen con el costo de formar a los estudiantes ni con la calidad de la institución? Si el gobierno opta por financiar sólo instituciones de buena calidad, entonces sólo aquellas más selectivas serán gratuitas, beneficiándose principalmente los estudiantes de más recursos. ¿Qué pasará con todos los estudiantes de bajos recursos que hoy estudian en instituciones de baja selectividad? La única manera de garantizarles a todos gratuidad sería bajando el estándar de calidad a niveles poco convenientes.
A estas dificultades se deben sumar aquellas que son propias de los sistemas gratuitos, que podrían implicar un cambio en el comportamiento de los estudiantes a la hora de elegir las casas de estudio, cambiarse de carrera o abandonar los estudios, arriesgando el sistema un aumento en la deserción y en la segregación socioeconómica si no se implementan estrategias adecuadas. La experiencia nos muestra que es importante aprender de los errores y no poner la carreta delante de los bueyes.
