Al favorecer a los afiliados al sistema antiguo, se provocará una fuerte presión desde los trabajadores y sus sindicatos para trasladarse a él, fomentando una reapertura artificial del sistema de reparto.
La reforma previsional del Gobierno discrimina contra los afiliados al sistema de capitalización individual. Tomemos el ejemplo de dos compañeras que trabajaron 20 años en empresas privadas y cumplen 65 años. Una de ellas eligió quedarse en el sistema antiguo -Servicio de Seguro Social-. Supongamos que la pensión que le correspondió según la fórmula de años de servicio fue de $40.000. Sin reforma, el Estado le daba un subsidio de la magnitud necesaria para enterar la pensión mínima. Supongamos que ésta tendrá un valor real de $95.000. En ese caso, el subsidio de pensión mínima será de $55.000 vitalicios. Supongamos que la compañera que eligió el sistema de capitalización individual acumuló un saldo suficiente para comprar una renta vitalicia por $40.000. Sin reforma, ella también accedía a un subsidio de pensión mínima de $55.000 vitalicios. No había discriminación.
En el pilar solidario, cada afiliada calcula su «Aporte Previsional Solidario» (APS) usando la siguiente fórmula: Pensión Básica ($75.000) menos el producto de un factor (0,375 en régimen) por la Pensión Autofinanciada. El Gobierno exige a la afiliada al sistema nuevo usar como Pensión Autofinanciada los $40.000. Por lo tanto su APS sería $60.000. Cuando la afiliada al sistema nuevo sume este APS a su pensión autofinanciada, llegará a una pensión final de $100.000. Su pensión sube en $5.000.
En cambio, el Gobierno propone que si la afiliada al sistema antiguo opta por recalcular, pueda declarar la totalidad de los $95.000 como Pensión Autofinanciada, aunque su pensión por fórmula es sólo $40.000. Así, su APS sería $39.375 y llegaría a una pensión final de $134.375. Su pensión subiría en $39.375, ocho veces más que su compañera!
Esas cifras son válidas en régimen, a partir de 2012. La transición que propuso el Ejecutivo parte con un factor de ajuste de 1,00 en 2009 y deja su reducción al gobierno siguiente. Además, un artículo transitorio permite a los afiliados del sistema nuevo optar por la pensión final más alta. Esta combinación implica que la discriminación empieza en julio de 2010, a los cuatro meses de que Michelle Bachelet deje la presidencia.
La Constitución exige que el acceso a los subsidios sea no discriminatorio; es decir, ni caprichoso ni abusivo. Aquí no hay razonabilidad. El valor presente de la discriminación es $4,2 millones en este ejemplo. Lo que hay es reincidencia: el gobierno de Bachelet ya discriminó contra las afiliadas del sistema nuevo en mayo de 2006. En esa ocasión, el Gobierno subió la pensión en 10% real a quienes ya estuvieran pensionadas en el sistema antiguo, siempre que tuvieran una pensión superior a la mínima e inferior a $100.000. Pero negó el beneficio a las pensionadas del sistema nuevo en igual situación. Esa vez el Congreso no lo detectó. Ahora el Senado está advertido.
Eso no es todo, pues el Gobierno también propone discriminar entre viudas. La viuda de un afiliado del sistema nuevo, que reciba subsidio de pensión mínima de sobrevivencia, no podrá optar entre dicho subsidio y el APS, sino que deberá quedarse con el subsidio antiguo, aunque sea menor. En cambio, si una viuda igual recibe pensión de sobrevivencia de un afiliado del sistema antiguo, el Gobierno propone sumarle siempre un APS.
Estas dos discriminaciones castigan de inmediato a más de cien mil pensionados del sistema nuevo. A lo largo del tiempo, castigarán a varios millones de afiliados más.
Los expertos en seguridad social se oponen a la fragmentación de los beneficios entre grupos. El motivo: las injusticias generadas por la fragmentación gatillan una competencia política para igualar subsidios, generando una espiral que maximiza distorsiones y clientelismos. El Gobierno propone fragmentar el subsidio de pensión mínima reeditando la situación previa a 1963. Además, al favorecer a los afiliados al sistema antiguo, provocará una fuerte presión desde los trabajadores y sus sindicatos para trasladarse a él, fomentando una reapertura artificial del sistema de reparto. Por el bien de Chile, el Congreso Nacional debería rechazar la discriminación propuesta. Hay muchas maneras de hacerlo sin elevar el gasto fiscal en forma significativa.
