Opinión El Mercurio, 23 de junio de 2018

Hacia un Consejo Fiscal efectivo

Isabel Aninat S. | Slaven Razmilic | Rodrigo Vergara M. |

Es deseable que tenga una musculatura mínima que le permita ser una contraparte efectiva para la Dirección de Presupuestos, permitiéndole detectar eventuales errores.

Recientemente el Gobierno presentó un proyecto para un Consejo Fiscal Autónomo, cumpliendo una de sus promesas de campaña. Dadas las dudas que han surgido en los últimos años en relación con la política fiscal, es un proyecto que se valora, ya que permite avanzar hacia una política más transparente. Los elevados déficits fiscales, el consecuente aumento de la deuda pública, el incumplimiento de las metas fiscales, las polémicas respecto del cálculo del balance estructural y los gastos comprometidos hacen particularmente relevante este avance institucional.

Si bien hoy existe un Consejo Fiscal creado por decreto, convertirlo en un ente autónomo legal constituye un importante paso en nuestra institucionalidad macroeconómica. Destacamos este avance, pero estimamos que el proyecto tiene una serie de carencias y defectos que se debieran corregir en su tramitación legislativa para cumplir con los mejores estándares.

En el proyecto se plantea que el Presidente de la República elegirá al presidente del Consejo Fiscal, quien durará los cuatro años del gobierno. No hay ninguna razón de peso para que el presidente de esta nueva entidad tenga que ser alguien relacionado con el gobierno de turno. De hecho, le resta independencia y credibilidad. Como en el Banco Central, sería más lógico que lo nombrara el Presidente de la República de entre los cinco consejeros aprobados por el Senado, por un tiempo mayor a su mandato, de forma que su elección y su período no coincidan con el del gobierno. Tal como lo ha consignado la OCDE, la independencia de este tipo de entidades es condición necesaria para el cumplimiento de sus objetivos.

En el proyecto, los restantes cuatro consejeros duran cuatro años y se eligen de a pares. Esto llevaría a que, dependiendo del momento en que se escoge a los consejeros, el Presidente pudiese elegir al comienzo de su mandato a tres de los cinco integrantes, incluyendo a quien preside el Consejo. Nuevamente un factor en contra de la necesaria independencia y en favor de alargar el período de los consejeros.

Por otra parte, los consejeros (no presidente) se eligen de a pares con quórum de dos tercios. La experiencia y diversos estudios nos muestran que esto se presta para el cuoteo político y se sacrifica la calidad. Mejor que se elijan de a uno por simple mayoría. Aunque en la práctica en estas elecciones siempre hay criterios políticos (de hecho es normal que sea así en una democracia), la elección de a uno hace más probable que a los nominados se les exijan mayores capacidades técnicas. Nuevamente el Banco Central es un buen ejemplo.

El proyecto no incluye una relación directa del Consejo Fiscal con el Congreso. Siguiendo las recomendaciones de la OCDE, es de buena práctica incluir, al menos, una reunión anual con la Comisión de Hacienda de la Cámara y del Senado, donde presente su análisis sobre la situación fiscal efectiva y estructural, el cumplimiento de metas, los cambios metodológicos, la deuda pública, entre otros aspectos. No se trata de que sea una agencia del Congreso, pero sí que informe a este, mejorando así la deliberación pública.

El informe financiero del proyecto revela que si bien hay recursos para estudios, no hay financiamiento para profesionales técnicos que ayuden en la labor de los consejeros. Va a ser difícil para estos, que no son de dedicación exclusiva, hacer un análisis acabado de materias fiscales sin la debida colaboración técnica. Es deseable que el Consejo Fiscal tenga una musculatura mínima que le permita ser una contraparte efectiva para la Dirección de Presupuestos, permitiéndole detectar eventuales errores y, por lo mismo, exigiéndole al Ejecutivo subir el estándar de sus informes. Dos o tres profesionales que ayuden en esta labor serían de gran ayuda y elevarían la calidad de la supervisión realizada. Por lo demás, implica un costo bastante menor.

El envío de este proyecto de ley es un avance institucional significativo. Sin embargo, para hacerlo más efectivo se requiere perfeccionarlo con medidas como las aquí enunciadas.