Puestos a diseñar instituciones, nada parece más difícil que el medio ambiente. ¿Cómo regular algo que está en todas partes, entre y alrededor de nosotros? ¿Qué órganos y normas debemos tener para los elementos, como el aire, aguas y suelos? ¿Y para la flora y fauna silvestres? ¿Cómo y cuánto regular un paisaje, una vista, un contexto?
Este carácter atmosférico del medio ambiente es una parte de la dificultad. La otra tiene que ver con la diversidad de intereses que deben balancearse para una buena regulación. La futura restricción de los autos catalíticos en las preemergencias ambientales es un buen ejemplo. La autoridad ambiental quiere cuatro dígitos. La de transportes dos, pues teme un colapso en el transporte público.
¿Cómo diseñar, entonces, las instituciones ambientales? Creo que se debe responder como solían hacerlo mis profesores de derecho: «Hay que distinguir». Hay que distinguir entre las tres dimensiones de la regulación ambiental: política y normas ambientales, gestión y fiscalización.
Las tres están en la regulación chilena, y su reforma está siendo estudiada en el Congreso. La definición de la política y las normas ambientales está a cargo del conjunto de ministros de Estado que integran el consejo directivo de la Conama. La gestión se realiza mediante la evaluación de impacto ambiental y la regulación de los recursos naturales. La evaluación está a cargo de los ministerios antes que ese consejo directivo. Los recursos naturales, como pesquerías y bosques nativos, están repartidos en algunos de estos ministerios. Lo mismo ocurre con la fiscalización ambiental.
¿Cómo ha operado? Hay que distinguir. La definición de la política y las normas ambientales ha sido floja: faltan normas. La gestión mediante evaluación de impacto ambiental ha sido exitosa, pero tiene algunos problemas, como la discrecionalidad que genera la mencionada falta de normas. La gestión de los recursos naturales no ha sido buena. La fiscalización tampoco. ¿Mejora las cosas la reforma propuesta?
Hay que distinguir. Definición de política y normas: no, pues crea un Ministerio del Medio Ambiente que dificultará el imprescindible balance de intereses. Gestión: tampoco mucho en la evaluación ambiental, pues se centraliza eliminando la mirada propiamente regional en decisiones fundamentales para la región. Y los recursos naturales, desgraciadamente, no se tocan. Fiscalización: algo, pues propone la idea correcta de una superintendencia, pero que no absorbe bien las competencias hoy repartidas, arriesgando duplicidad y conflictos.
¿Tiene sentido la reforma? Bueno, hay que distinguir.
