Se discute el contexto, pero los hechos permiten mirar al futuro.
Una vez más, en 14 años, el pasado se trae al presente. Otra vez se discuten causas y responsabilidades. Sin embargo, no se discuten los hechos básicos de ese pasado. Su «contexto» genera y seguirá generando controversia, pero no los hechos propiamente tales.
Así ocurrió con el informe Rettig. Nadie habla más de «presuntos» desaparecidos, más aún cuando años después, con la Mesa de Diálogo, los uniformados confesaron haber tirado cuerpos al mar. Hoy pasa algo parecido con el informe de la comisión que encabezó el obispo Valech, en la que participé.
De nuevo, distintas interpretaciones compiten sobre el «contexto» de la prisión política y de la tortura, pero poco a poco se va decantando el hecho de que tales prácticas existieron. En esto ha ayudado la reacción de los uniformados. A diferencia de la que tuvieron frente al informe Rettig, su disposición ha sido receptiva y, en general, han aceptado el contenido del nuevo informe.
Si hasta ahora se podía oír que la prisión política y la tortura habian sido hechos «aislados», ya no parece posible seguir haciéndolo. Podremos discutir causas y responsabilidades, pero no el hecho de que fue una práctica sistemática, que involucró normas jurídicas y recursos fiscales, y que fue reflejo de una concentración inaudita de poder, de un Estado hipertrofiado, excedido de sí mismo frente a los individuos.
¿Qué sentido tiene esto 30 años después? Tiene, creo, dos sentidos fundamentales. Respecto de las víctimas, el intento por restablecer un cierto equilibrio entre ellas y el Estado, roto de manera brutal. Respecto de la sociedad, el intento por iluminar los hechos de un pasado percibido difusamente, con más preguntas que respuestas. Si la percepción es difusa, si hay más preguntas que respuestas, es imposible mirar con realismo el futuro: no se puede avanzar en paz pisando sobre dudas. Sólo si éstas se despejan, puede trazarse una línea entre pasado y futuro.
Algunos temen que se abran viejas heridas. La reacción de los uniformados sugiere que se trata de un temor infundado. Pero el punto es pertinente para tratar con sensatez la cuestión de las responsabilidades, en especial de los civiles. ¿Cuánto sabíamos? ¿A quién hay que acusar? ¿A los que no empuñamos las armas y ni siquiera participamos en una protesta? ¿A los que votaron Sí en 1988? Sería absurdo, pues supone que el conocimiento es binario: se sabe todo o nada, como un claroscuro. La experiencia, sin embargo, enseña que es gradual: se sabe más o menos e, incluso, a veces comprensiblemente no se quiere saber.
¿Y los civiles que participaron del régimen? Obviamente, también hay grados: parecen más comprometidos los que estaban más cerca del uso de la fuerza. Pero entre éstos hay que distinguir entre los que se retiraron al mundo privado y los que siguen en el público de la política. Los primeros están en manos de sus conciencias. Los segundos, en cambio, decidieron exponerse a que su pasado sea escrutado públicamente. Están en manos del electorado.
