Josep María Castellà, integrante de este órgano internacional, explicó los alcances de las recomendaciones del trabajo que realizaron en Chile.
El 18 de marzo pasado se dio a conocer el documento “Sobre la elaboración y adopción de una nueva Constitución”, que es el informe final elaborado por la Comisión de Venecia, a petición del Senado chileno que les pidió revisar la labor que viene realizando la Convención Constitucional, a la luz de otras experiencias internacionales. Fue precisamente ese documento lo que se analizó en un seminario realizado en el CEP, el pasado 29 de marzo, en el que expuso Josep María Castellà, catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona y miembro del grupo de la Comisión que visitó Chile.
En el encuentro online, participaron el profesor de derecho constitucional de las universidades Diego Portales y de Utrecht, Javier Couso y la investigadora del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo, Catalina Salem, quienes comentaron las conclusiones del Informe.
Desde España, el jurista catalán destacó el prestigio y experiencia que tiene esta comisión que se creó hace 30 años en Europa y que está integrada por constitucionalistas de 62 países. Además, explicó que ellos no actuaban de oficio, sino a solicitud del Senado que le pidió respuesta a una serie de preguntas. Resaltó el hecho de que sus recomendaciones no sean vinculantes lo que -dijo- «da libertad para entregar una perspectiva que, aunque sea respetuosa con las diferentes opciones de cada país, al mismo tiempo recuerde y plantee ese mínimo común denominador del constitucionalismo contemporáneo y por tanto, anclado en principios como la democracia constitucional, el Estado de derecho y la separación de poderes: «la nueva Carta Fundamental debiera ser un documento unificador que busque el más amplio acuerdo en lo fundamental”.
Por su parte, el profesor Couso destacó el informe como un “extraordinario aporte”, en lo relativo a la distinción de bicameralismo como una suerte de check and balance al interior del Poder Legislativo, a la declaración de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas respecto al derecho a la autodeterminación y autonomía política dentro de la unidad del Estado nacional, los temas de plurinacionalidad y pluralismo jurídico y el apoyo a la existencia de tribunales constitucionales. “Si uno lee el informe queda con la impresión de que ganaría mucho el debate constituyente chileno de leer este informe a cabalidad”, sentenció.
La investigadora, Catalina Salem, también calificó el documento como un tremendo aporte para la comunidad política y académica, pero también para la opinión pública ya que dijo “presenta un baremo técnico que permitirá evaluar el trabajo de la convención constitucional”. Por otra parte, resaltó como otro de los puntos relevantes del texto la recomendación de que la Constitución debería ser un documento que cuente con el más amplio apoyo ciudadano, no solamente en el plebiscito de salida, sino igualmente al momento de implementarla. “Para que cualquier norma jurídica pueda tener una vigencia práctica, se necesita que los destinatarios de esa norma jurídica se sientan obligados no solamente por medio de la coacción, es decir, de la fuerza sino porque creo que esa norma recoge una idea del derecho con la cual estoy de acuerdo”, concluyó.