Nuestra imagen internacional de país con leyes estables y líder en la defensa de un patrimonio natural único podría verse afectada. Para evitar esta situación es fundamental que el Gobierno reingrese con prontitud los 36 decretos que se encuentran en estado de revisión.
En la última semana del mes de mayo las reconocidas revistas científicas Science y Nature publicaron cartas de grupos de científicos chilenos expresando su preocupación por ciertas decisiones gubernamentales en materia ambiental.
El foco de atención fue el retiro de 43 decretos promulgados en el gobierno anterior, todos relacionados a distintas temáticas ambientales: desde normas para la contaminación de cuerpos de agua, medidas y planes de adaptación para el cambio climático hasta acciones de conservación para especies en categoría de amenaza.
Adicionalmente, se retiraron decretos asociados a un nuevo conjunto de herramientas para la protección de la biodiversidad asociadas al recientemente creado Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas (SBAP), el cual comenzó a trabajar en términos legales recién desde el mes de febrero tras más de 12 años de tramitación legislativa.
Estos instrumentos, son claves para que el SBAP cumpla con su mandato legal de proteger el patrimonio natural del país. Cabe destacar que la potestad del servicio abarca todo el territorio nacional, no solo las áreas protegidas.
Un ejemplo crítico es el reglamento para la clasificación de ecosistemas amenazados. Este está basado en estándares internacionales y fue aprobado tras un largo trabajo técnico, considerando una consulta pública y la aprobación del Consejo de Ministros, y adiciona un marco legal para establecer acciones de protección en ámbitos terrestres, marinos, aguas continentales y glaciares del ámbito nacional.
Las actuales autoridades argumentan que 36 de los 43 decretos se mantienen bajo revisión para ser reincorporados bajo una nueva mirada técnica y legal. Entendiendo que es una potestad del Gobierno retirar y revisar decretos, la ausencia de plazos claros y explícitos para este proceso crea una preocupante situación de incertidumbre en nuestra institucionalidad ambiental.
Durante los últimos años, Chile ha asumido compromisos internacionales activos, integrándose la Ley Marco de Cambio Climático y al Convenio de Diversidad Biológica. Nos hemos posicionado como un referente internacional, siendo el primer país en emitir un bono soberano de deuda asociado al cumplimiento de las metas internacionales de protección.
Nuestra imagen internacional de país con leyes estables y líder en la defensa de un patrimonio natural único podría verse afectada. Para evitar esta situación es fundamental que el Gobierno reingrese con prontitud los 36 decretos que se encuentran en estado de revisión.
