La Comisión Valech individualizó a las víctimas de prisión política y tortura de la dictadura. El decreto que la creó a fines de 2003 dispuso: “Todas las actuaciones que realice la Comisión, así como todos los antecedentes que ésta reciba, tendrán el carácter de reservados, para todos los efectos legales.”
El informe final de la Comisión recomendó que el secreto se mantuviera por 30 años, siguiendo la experiencia internacional en estas materias. La ley que se dictó en 2004 amplió este plazo a 50 años.
A fines del año 2009, la Comisión fue convocada nuevamente («Valech II»), en el mismo entendido de que los antecedentes se mantendrían en secreto.
¿Por qué el secreto? La respuesta no es evidente, ya que hay dos valiosos intereses en tensión.
Uno es la intimidad y dignidad de las víctimas. La experiencia que sufrieron habita en su intangible mundo interior. Quizás también en el de sus cercanos, pero, primero y muy principalmente, en ellas mismas. Es un deber moral respetar esta subjetividad.
El otro interés es el de la justicia, que busca identificar a los victimarios para juzgarlos. Los antecedentes reunidos por la Comisión podrían ser útiles a este fin.
Hace 13 años la ley resolvió la tensión garantizando por 50 años la intimidad de las víctimas y, simultáneamente, facultándolas para levantar el secreto de sus propios antecedentes cuando así lo deseen. Hoy se quiere cambiar.
Se ha propuesto levantar el secreto para los tribunales sin el consentimiento de las víctimas. Solo se necesitaría este consentimiento para hacer públicos sus nombres en los expedientes y sentencias. De no haber consentimiento, los nombres de las víctimas serían omitidos, como ocurría respecto de las víctimas de delitos sexuales en el antiguo proceso penal.
De prosperar esta iniciativa los antecedentes de las víctimas serían secretos para todos los terceros, menos para el Estado representado por los jueces. ¿Vale la pena el cambio?
Creo que no. Se alteran las reglas del juego, desconociendo una promesa que se hizo a las víctimas y al país desde el primer día. Aun cuando el acceso a los antecedentes se limite a los tribunales, ya no serán secretos. Y si bien los nombres de las víctimas podrían omitirse, la intimidad que ellas no han querido abrir quedará a disposición del Estado mucho antes de lo que prometió la ley.
Además, hay alternativas que no cambian las reglas ni desconocen promesas. El gobierno entrega beneficios a las víctimas, tiene contacto con ellas. Podría hacerles un llamado formal a que ejerzan la facultad de entregar sus antecedentes a la justicia, facilitándoles los medios para hacerlo. Esto no necesita ley.
Y, a fin de incentivarlas para que lo hagan, la ley podría contemplar una fórmula de anonimato como la que se está discutiendo. Es decir, las víctimas podrían autorizar que sus antecedentes sean enviados a los tribunales, a condición de que sus nombres sean omitidos en los procesos y sentencias.
