La respuesta a los impactos del cambio climático debe ser urgente y debe involucrar a todos los sectores, incluyendo al gobierno, a las comunidades y al sector productivo. Debemos utilizar herramientas tradicionales para enfrentar los riesgos, pero también considerar enfoques como la planificación territorial y la inversión en infraestructura verde.
Los últimos temporales que han afectado a la zona centro sur del país y los mega incendios del verano nos hacen ver que los anunciados efectos del cambio climático han llegado de manera abrupta y parecen estar aquí para quedarse. Estos eventos se caracterizan por su gran intensidad y variabilidad con respecto a lo que consideramos escenarios normales. Esto desafía ampliamente los diseños de infraestructura y la planificación territorial existente, generando impactos económicos significativos tanto para el país como para las familias que lo componen. La relevancia y magnitud de estas emergencias debería ser una buena oportunidad para apurar las propuestas de instrumentos de política pública efectivos y técnicamente probados que nos permitan enfrentar correctamente los efectos del cambio climático incluyendo por ejemplo la inversión en infraestructura verde la cual nos permita retener más agua en la cordillera, reducir los impactos de las crecidas de ríos y reducir la velocidad de propagación de los incendios de una forma costo efectiva.
Si analizamos los dos temporales de este invierno, se han traducido en impactos económicos significativos, estimados en cerca de $1.000 millones de dólares, si consideramos los daños en infraestructura, viviendas y producción agrícola, según ClapesUC y la SNA. Los mega incendios del pasado verano también generaron pérdidas directas por encima de los $1.000 millones de dólares, según Colliers y ClapesUC, y cerca de $3.000 millones de dólares si tomamos en cuenta las pérdidas por emisiones de carbono.
El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha afirmado que los eventos meteorológicos se vuelven cada vez más intensos y extremos, tanto a nivel mundial como en Chile. Esto se traduce en lluvias, sequías y olas de calor más intensas, menos predecibles, de mayor duración y alejadas de los rangos normales o esperados. Este escenario aumenta significativamente los riesgos de inundaciones, incendios, muertes, cambios en la productividad agrícola, migraciones y daños a los ecosistemas y su biodiversidad. Ante esto, debemos buscar instrumentos que nos permitan adaptarnos y reducir estos riesgos. Además de fortalecer nuestra infraestructura física, la prevención y la capacidad de combate de incendios, debemos avanzar en una planificación del territorio que considere la adaptación al cambio climático. Esto incluye identificar amenazas y zonificar las áreas de riesgo, pero también reconocer la capacidad de la naturaleza para reducir los impactos de los eventos meteorológicos. Hoy en día, contamos con herramientas de planificación, como InVest de la Universidad de Stanford, que utilizan imágenes satelitales e inteligencia artificial para modelar, por ejemplo, el control de inundaciones en función de la inversión necesaria para la recuperación de la vegetación.
Para llevar a cabo estas acciones, es fundamental contar con instrumentos adecuadamente financiados que permitan, por ejemplo, racionalizar la ganadería en las cabeceras de cuencas y sus bosques. Esto facilitaría la recuperación de la vegetación y su capacidad para reducir el volumen y la velocidad del escurrimiento de las aguas pluviales. Este aumento en la vegetación y la biodiversidad también generaría otros servicios ecosistémicos beneficiosos, como la regulación del agua para la agricultura durante todo el año, la mitigación de las olas de calor y la reducción de la velocidad de propagación de los incendios, entre otros. Estas soluciones basadas en la naturaleza, o infraestructura verde, no son nuevas y se han utilizado con éxito en numerosos países, incluido Chile. Hoy, ante los riesgos del cambio climático, se convierten en una opción costo efectiva y ampliamente recomendada por organismos internacionales, como el Banco Mundial, las Naciones Unidas, IPBES e IPCC.
Frente a la magnitud de estas pérdidas, es importante señalar que la ley de Bosque Nativo, que permite mejorar y proteger nuestras formaciones vegetales, cuenta con un presupuesto de tan solo $2,2 millones de dólares. Con algunas modificaciones en sus reglamentos y un aumento en su presupuesto, esta ley podría utilizarse para fortalecer nuestra infraestructura verde, y reducir en cierta medida los impactos de las inundaciones y otros desastres.
La respuesta a los impactos del cambio climático debe ser urgente y debe involucrar a todos los sectores, incluyendo al gobierno, a las comunidades y al sector productivo. Debemos utilizar herramientas tradicionales para enfrentar los riesgos, pero también considerar enfoques como la planificación territorial y la inversión en infraestructura verde. Es fundamental comenzar desde ya y permitir que la naturaleza se recupere y colonice las laderas de nuestras montañas y las riberas de nuestros ríos antes de que lleguen nuevos eventos meteorológicos.
