Es fundamental avanzar en una institucionalidad forestal robusta, moderna, integral y efectiva que tome en consideración el aporte a la economía, los servicios ecosistémicos, la mitigación del cambio climático y también la fuerte amenaza que presentan los incendios.
«Ley de incendios ahora», decía la pancarta que exhibió la alcaldesa de Viña del Mar en su saludo al Festival como respuesta a la tragedia que afectó a su comuna. Si bien es importante avanzar en esa legislación, también lo es hacerlo con la institucionalidad forestal de forma más amplia. Actualmente, en el Congreso se debaten tres proyectos de ley complementarios, relacionados con la institucionalidad forestal y la prevención de incendios. Estos proyectos deben ser discutidos con premura, pero desde una visión sistémica, integrándolos con la actual institucionalidad ambiental, de cambio climático, de ordenamiento territorial y de emergencias.
En los últimos años, y especialmente este verano, los incendios forestales han generado un incremento considerable en la pérdida de vidas humanas y de viviendas en sectores de interfaz entre centros poblados y la vegetación. Es difícil olvidar las tragedias de Santa Olga (2017), Santa Juana (2023) y Viña del Mar y Quilpué (2024), donde, como consecuencia del cambio climático, se generaron incendios con gran velocidad de propagación debido a altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos, dificultando la evacuación de la población y el combate del fuego. Actualmente, en discusión parlamentaria hay dos proyectos de ley sobre incendios que ponen énfasis en la planificación territorial, en medidas de prevención y en la fiscalización por parte del servicio forestal, una vez creado este. Por lo tanto, ambos proyectos de ley deben avanzar en paralelo y considerarlas complejidades prácticas que conllevan. Por ejemplo, el proyecto requiere la construcción y mantención de cortafuegos por parte de los propietarios, los cuales, en caso de presencia de ecosistemas o especies bajo amenaza, no se les permiten la corta de vegetación, como es el caso de las áreas donde hay presencia de palmas chilenas en la zona de Valparaíso y Viña. Por otro lado, la experiencia muestra que se generan inmediatamente tomas de terrenos en los espacios que han sido despejados como cortafuegos, siendo esto un desincentivo para su construcción por parte de los propietarios.
Los desafíos que nos presenta la adaptación y mitigación del cambio climático van de la mano con un sector forestal robusto y sostenible que nos permita, por un lado, contar con soluciones basadas en la naturaleza y servicios ecosistémicos y, por el otro, con las fibras y maderas que nos permitirán mitigar las emisiones de carbono en la construcción y fabricación de materiales renovables. Para ello, se requieren instrumentos de fomento simples y efectivos que puedan ser utilizados por pequeños y medianos propietarios de terrenos con aptitud forestal con el fin de aumentar la superficie de bosques. En este sentido, Chile se comprometió a restaurar un millón de hectáreas de paisajes al 2030 en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), en el marco del Acuerdo de París contra el cambio climático, para lo cual se requerirán instrumentos de fomento adecuados y una institucionalidad bien diseñada para ello.
La institucionalidad forestal ha sido implementada a través de la Conaf desde el año 1972. Sin embargo, por ser esta una corporación de derecho privado, el Tribunal Constitucional, en 2008, le impidió ampliar sus funciones públicas y desarrollar funciones en coordinación con la nueva institucionalidad ambiental y de emergencias. Para superar esta limitación, se ha intentado sin éxito convertirla corporación en un servicio público en numerosas oportunidades desde el año 1984. Actualmente, habiéndose promulgado la institucionalidad ambiental (2010) y de biodiversidad (2023) que fueron considerados prioritarios, no existen impedimentos para avanzar en la creación de este servicio público.
En Chile, dependemos fuertemente de nuestros bosques, tanto para la producción de madera y fibras, la generación de empleo, como también en la regulación hídrica de las cuencas, la absorción de contaminantes y para la recreación de las personas. El cambio climático nos está demandando un mayor cuidado de los bosques y una mayor dependencia futura de los servicios ecosistémicos que estos nos podrían entregar para mitigar y adaptarnos. Para ello, es fundamental avanzar en una institucionalidad forestal robusta, moderna, integral y efectiva que tome en consideración el aporte a la economía, los servicios ecosistémicos, la mitigación del cambio climático y también la fuerte amenaza que presentan los incendios.
