El «barómetro» plantea serias dudas sobre nuestra regulación televisiva.
Se sospechó desde un principio: el «barómetro» para la calidad de los noticieros iba a servir de poco y nada. El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) lo dio a conocer, y la sospecha se confirmó de un modo más rotundo que el esperado. No sólo dijo cosas obvias, como que hay más noticias sobre deportes que sobre educación, sino que omitió lo único que podría haber servido de algo: cuál canal muestra qué y cuánto.
Pero los resultados se entregaron agregados, sin distinciones, pues según el CNTV todos los noticieros fueron «muy parejos». Sin embargo, su propio informe detectó faltas a la ética periodística, como «apelaciones abusivas a la emocionalidad» y «tratos de discriminaciones». ¿Qué canal incurrió en ellas, o todos lo hicieron «parejamente»?
Lo más probable es que los mismos canales hayan pedido no hacer públicas las distinciones. De ser así, no sólo habría aquí supina inutilidad, sino también un caso ejemplar de captura regulatoria.
Nada importaría si el CNTV fuera una entidad voluntaria, organizada por la industria o por ciudadanos interesados en la televisión. Pero es un órgano estatal, consagrado en la Constitución, al que los contribuyentes dimos este año dos mil 94 millones de pesos -todo lo que el fisco destina a la televisión-, con amplia discreción para dictar normas, y una aún mayor para aplicarlas.
Tampoco importaría mucho si, junto con perder tiempo y recursos en mediciones inútiles, el CNTV alimentara el debate público sobre el paso más importante que debe dar nuestra televisión: la tecnología digital. ¿Cuáles serán los beneficios para los espectadores y las oportunidades para los canales? ¿Cuál será el estándar técnico? ¿Será el europeo DVB-T, el norteamericano ATSC, el japonés ISDB-T? Cada uno tiene sus ventajas: por ejemplo, para transmitir otros servicios («multiplexing»), para la recepción móvil, para una geografía montañosa, para aprovechar las economías de escala en la región. ¿Cuál nos conviene? ¿Cuál quieren los canales?
El cambio digital plantea, además, preguntas jurídicas. Buena parte de las concesiones televisivas están dadas por ley y son indefinidas. ¿Cómo se compatibilizará esto con la transferencia de espectro radioeléctrico que será posible? ¿Deberán los canales devolver al Estado el espectro que hoy necesitan, pero mañana les sobrará?
El tiempo pasa y el futuro se acerca. Pero el regulador guarda silencio, ocupado como está en su genial hallazgo: hay más noticias sobre deporte que sobre educación.
