El Sistema de Alta Dirección Pública fue instaurado en Chile en el año 2003 como respuesta a un escándalo político. A través de este esquema se aspiraba a contar con directivos de primer y segundo nivel jerárquico que, pasando un filtro de mérito, dirigiesen los servicios públicos de forma profesional, mostrando eficiencia en su gestión. Con el avance en la adscripción al sistema y los cambios de gobierno y coaliciones políticas, el sistema mostró falencias. Diversos intentos de reforma se presentaron al Congreso, solo habiendo sido aprobado el tramitado en 2016. Este artículo describe el Sistema de Alta Dirección Pública y reflexiona sobre los cambios propuestos en las distintas iniciativas legales. Además, presenta un análisis empírico y revisa la literatura en relación al impacto del Sistema, dando cuenta que, a la fecha, este muestra efectos limitados y mixtos en los ámbitos de gestión revisados.