El objetivo de este artículo es hacer un análisis crítico del proyecto de ley sobre evasión tributaria que el Ejecutivo recientemente enviara al Congreso. Cabe destacar que este proyecto es más que un proyecto contra la evasión. Contiene un aumento de impuestos a través de una ampliación de las bases imponibles que crea una serie de distorsiones y afecta negativamente la inversi ón.
Lo más negativo del proyecto es su sesgo antiinversión, debido al alza de impuestos que implica la eliminación de disposiciones que buscan moderar el impacto negativo que los impuestos generan sobre la inversión. Más aún, la oportunidad también es cuestionable, en consideración a que tanto la inversión como el crecimiento aun no han tomado la fuerza que se esperaba.
Por otro lado, en materia de evasión propiamente tal el proyecto de ley incorpora elementos modernizadores y positivos, pero entrega al fiscalizador algunas facultades que pueden atentar contra los derechos ciudadanos o que pueden ser excesivas.
Detrás de gran parte de las modificaciones propuestas está una confusión entre la evasión de impuestos y la búsqueda de modos legítimos y legales de reducir la carga tributaria. No hay duda que la evasión es algo ilegal e inmoral. Enteramente distinta es la búsqueda de maneras legales, legítimas y moralmente correctas de aprovechar las posibilidades que otorgan las leyes para pagar menos. Normalmente esas maneras obedecen a franquicias o facilidades que el legislador introdujo en la ley a propósito.
No resulta, pues condenable el uso de esas disposiciones. Lo anterior nos lleva a recomendar la eliminación de las disposiciones que tienen que ver con aumentos de impuestos. En rigor el Ejecutivo sostuvo que este proyecto no era un aumento de impuestos, por lo que esto sería enteramente consistente con ello.
En materia de la eliminación del impuesto a las ganancias de capital para extranjeros, es necesario corregir el proyecto para lograr el objetivo propuesto. Con la discusión de este proyecto se hace cada vez más patente la necesidad de revisar la estructura judicial que rige para temas tributarios y aduaneros, estableciendo tribunales tributarios independientes.
Por último, para combatir la evasión y aumentar la eficacia de la fiscalización, el Gobierno escogió el camino de dictar normas cada vez más caso a caso, volviendo nuestro sistema tributario aún más complejo. Sin embargo existe otra alternativa: la de simplificar las normas tributarias, su pago y su fiscalización. Impuestos que tiendan a ser más simples y uniformes, esto es, de tasas más parejas para todos los contribuyentes y que graven bases imponibles amplias, pueden ser el camino para lograr un sistema tributario capaz de enfrentar los grandes desafíos del Chile actual.
