Capítulo 6: La crisis de octubre de 1972, el nacimiento del poder popular y el poder gremial

El período que se documenta en este capítulo constituye una de las fases centrales del proceso histórico abordado. En él se hacen presentes con extraordinaria claridad y dureza todos los factores y fuerzas sociales que configuran el desarrollo de la sociedad chilena. Desde el punto de vista de la oposición se pone, con mayor fuerza, de manifiesto su capacidad ofensiva articulada en todos los planos. Ante todo, surten efecto las medidas llevadas a cabo por ese sector en orden a introducir conflictos mayores en el sistema productivo y de distribución. La oposición articula su unidad política y está, en rasgos generales, en situación de armonizar su lucha con el impulso proveniente desde la base de los sectores medios y altos de la industria, el comercio, el transporte y los gremios profesionales. Con todo, una de las tareas que ha de presentarse a la interpretación de este período es sin duda, saber si la crisis provocada en octubre de 1972, surgió de la dirección política opositora o de sus “bases sociales” en rebelión. En efecto, uno de los factores centrales de la ofensiva opositora fue el establecimiento de un comando general que a menudo deja escuchar su voz en el sentido de exigir una mayor y más radical “colaboración de los políticos”, exigencia que será hecha ver hasta la antesala del golpe militar. En cualquier caso, es posible constatar al menos una simultaneidad relativa y una coordinación (a priori o a posteriori) entre la ofensiva social y su expresión en la superestructura institucional de la derecha política. Simultaneidad que adquiere una mayor importancia si se considera que sectores gremiales, intelectuales y religiosos no sólo comienzan a ejercer influencia en la superestructura, sino a organizar paramilitarmente a fragmentos de la burguesía alta y media. Su relación con el emergente “poder gremial” (anunciado ya en 1971) es por demás evidente. Sectores considerables de la Democracia Cristiana entregan su respaldo objetivo a esas tendencias, no sólo a nivel de superestructura estatal y educacional, sino además en acciones directas y de masas. A esa ofensiva se suman las numerosas acusaciones parlamentarias contra ministros y funcionarios de Gobierno, a menudo apoyadas por el Poder Judicial que aumenta visiblemente su agresividad y la ayuda económica directa del Gobierno norteamericano y sus servicios de inteligencia. El Gobierno y la Unidad Popular, por su parte, procuran responder la ofensiva opositora, intentando ante todo hacer uso de los poderes que el Estado le entregaba. Centro de esta defensa es la incorporación de las Fuerzas Armadas al gabinete en medio de la crisis. Con ello se logra encontrar una estabilidad relativa. Lo relativo de ella consistió ante todo en que la ofensiva opositora desencadenó una amplia contraofensiva de base que, al mostrar su efectivo poder, dio ocasión por lo menos a una renovada y fuerte discusión en el seno de la UP y de la izquierda sobre la línea política a seguir. Con otras palabras, se agudizó la cuestión de principios de si la verdadera fuerza revolucionaria debía tener su sujeto principal en la ofensiva de masas o en la acción del Gobierno en tanto que parte integrante del Estado vigente. En términos concretos, la contraofensiva de masas se articuló en el “poder popular” que, si bien concebido de modos diversos en el seno de la izquierda, en todo caso gestaba una fuerza cualitativamente diferente al Gobierno ante la cual éste debía definirse. De modo semejante al “poder gremial”, el “poder popular” surge de la base misma como respuesta a las dificultades impuestas por la oposición en la producción, comercialización y el transporte, procurando gestar organismos de base destinados a solucionar directamente estos problemas reivindicativos, pero a la vez, buscando convertirse en una alternativa política cuya dinámica debía conducir a una ruptura estructural real, al menos en tanto buscaba suplantar parte importante del sistema económico (y aún político) institucionalizado. Y del mismo modo en que se plantea a la investigación la necesidad de clarificar la relación entre la superestructura política derechista y su base, igualmente será necesario establecer con claridad esta relación en el seno de la izquierda en general. En todo caso, es claro que la respuesta de la izquierda careció de la organicidad que manifestara la oposición. La “salida militar” no causó en el interior de la izquierda la articulación que se logró antes, durante y después del paro en el seno de la derecha. Si bien el gabinete militar volvió el país a una relativa tranquilidad, la derecha había conseguido llevar a cabo una nueva movilización general que obligó al Gobierno a buscar aliados no políticos para obviar el problema. Y vistas las cosas desde la perspectiva final, la unidad entre la izquierda gobiernista y las Fuerzas Armadas no sólo no llegó a convertirse en una alianza estratégica, sino que terminó constituyéndose en un desafío para las Fuerzas Armadas en el sentido de saber si era “posible” o no gobernar el país con la Unidad Popular. Más aún, esta participación en el Gobierno permitió a sectores y elementos rupturistas no sólo tomar la ofensiva contra los “constitucionalistas” en el seno de las Fuerzas Armadas, sino que les hace posible un acceso directo a instancias de poder e información políticas, de los que anteriormente sólo disponían relativamente a partir del Alto Mando y sus servicios de inteligencia.