Desde hace tiempo, el Centro de Estudios Públicos ha venido trabajando en el tema de la Reforma del Estado, pues considera que esa tarea es necesaria para el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Aunque no es un planteamiento popular, en parte debido al creciente desprestigio de la clase política, uno de los puntos más relevantes para mejorar la calidad de la política tiene precisamente que ver con las formas de financiamiento de esta actividad, que es lo que se aborda en el siguiente documento.
Hace tres décadas, el 33 por ciento de los chilenos no se identificaba con partido alguno. Hoy esa cifra llega al 70 por ciento. La desconfianza es también otro síntoma de esta realidad. Según la encuesta CEP de julio de 2014, apenas un 6% de los consultados confía en los partidos políticos.
Las presuntas irregularidades en el financiamiento de las campañas, en lo que se ha denominado el caso Penta, ha puesto aún más urgencia en la necesidad de encarar una reforma a la legislación vigente.
La norma actual permite cuatro tipos de aportes: anónimos, reservados, públicos y propios, además de establecer límites a las donaciones y al gasto electoral. Sin embargo, el SERVEL que es el organismo encargado de la fiscalización no cuenta ni con las condiciones para cumplir esta importante tarea.
La existencia de financiamiento público permite entregar un piso mínimo de recursos a todos los candidatos, pero este esquema no garantiza la igualdad de condiciones para los candidatos desafiantes que necesitan hacerse conocidos frente a los incumbentes que cuentan con esa ventaja.
De ahí que resulte esencial para incrementar la competencia buscar adecuadas fórmulas de financiamiento privado de la política, tanto para las campañas como para la actividad permanente de los partidos.
Los planteamientos que ha hecho el CEP en diversos documentos a lo largo del tiempo pueden contribuir a iluminar la discusión que se avizora intensa para los próximos meses.
