Dirección Pública: Comparación entre las propuestas del Gobierno y del CEP

El gobierno ha anunciado el envío al Congreso de un proyecto de ley que crea un Estatuto de la Dirección Pública, para enero de 2002. Por su parte, la Comisión de Reforma del Estado del Centro de Estudios Públicos logró consenso para una propuesta distinta sobre el mismo tema.
El proyecto del gobierno propone que el 100% de los 200 Jefes de Servicio continúe siendo de la exclusiva confianza de la coalición de gobierno, y por tanto que la selección de una porción importante de ellos pueda continuar ocurriendo con atención primaria a la afinidad partidista y con atención secundaria al mérito profesional, según decida cada Presidente.
La Comisión de Reforma del Estado del CEP estimó que ello no es deseable para cargos ejecutores como éstos, aunque lo es para cargos de formulación de políticas como Subsecretarios, Intendentes, Seremis y sus asesores. La Comisión del CEP propuso reservar al menos el 50% de los puestos de Jefe de Servicio para un esquema de selección donde el primer filtro sea el mérito (el segundo puede ser la afinidad), y propone incentivos para transitar hacia un 100% de los puestos de Jefe de Servicio seleccionado sobre la base del mérito como primer filtro. Propone crear un nuevo Consejo Autónomo, imparcial y libre de carácter partidista, para que busque dos ternas de candidatos a cada Jefatura de Servicio, dentro de las cuales elegiría el Presidente. Estimó que los Presidentes ganarían protegiéndose de la presión de sus propios partidos, usando el escudo que brindaría una exigencia legal de dar prioridad al mérito profesional, y a su vez, un mejor desempeño del Estado atraería votos para su coalición.
Los proyectos son coincidentes en varios temas de gestión, donde Chile está libre de las trabas que afectan a muchos países de la OECD. Hay acuerdo en que se use la iniciativa presidencial para definir compromisos de desempeño con cada directivo, una evaluación de ese desempeño, y que se otorguen incentivos vía capacitación. Sin embargo, mantener la búsqueda de candidatos a Jefes de Servicio en un 100% en manos del gobierno, implica rechazar la principal herramienta de gestión: la selección de los más capaces para cumplir cada misión.
El proyecto del gobierno propone otorgar un cierto grado de inamovilidad laboral a 2.300 altos directivos de segundo nivel en cada Servicio, acabando con la libertad de remoción que existe hoy. El motivo aducido es reducir la arbitrariedad en el despido de esos directivos. La Comisión del CEP, en cambio, protege de esa arbitrariedad de dos maneras: creando una indemnización por despido pactada con un ente imparcial al inicio del contrato, y haciendo que el Jefe del directivo sea nombrado por mérito como primer filtro (esto reduce el interés del Jefe en despedir por motivos partidistas). Así, preserva intacta la libertad de despido que hoy existe, con claras ventajas en cuanto a gestión. En cambio, la nueva inamovilidad impediría que el Jefe de Servicio o División pueda remover a lugartenientes mal evaluados o inferiores a candidatos alternativos.

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