El país que viene: Financiamiento político

Una reciente encuesta CEP encuentra que la Alianza está peor parada que la Concertación en la percepción del electorado, respecto a cuál tiene más que esconder respecto a su financiamiento. Debido a que un porcentaje anormalmente alto de los Independientes declara «No saber» cuál sector tiene más que esconder, esta asimetría está en evolución y abre espacio para iniciativas de las coaliciones.

El gobierno ha propuesto una ley sobre «Límite y Control del Gasto Electoral». Junto con buenos aportes, como exigir a las candidaturas llevar contabilidad, otras propuestas empeorarían la situación real de deshonestidad financiera en la política:

(1) Propone publicidad obligatoria de las fuentes de fondos de cada candidato (publicar quién donó, cuánto, a quién). Si esta exigencia tuviera éxito, permitiría al oficialismo, actual y futuro, impedir que su oposición se financie con donaciones de empresas reguladas y contratistas del Estado. El oficialismo podría dañarlas fácilmente apenas se publique que han donado a la oposición. La exigencia de publicidad tampoco bloquea la corrupción, como demuestra la experiencia de los EE.UU. Incluso permite que surja un «Dicom político» para evaluar candidatos a empleos de todo tipo.

(2) Propone un límite global al gasto de cada candidato. Su fin legítimo sería impedir que la desigualdad económica entre candidatos supere el umbral que permite ahogar en publicidad a los competidores. Sin embargo, ya existen otros límites parciales que logran ese fin, entre otros aquél que prohíbe adquirir publicidad en TV. Lo pertinente es comparar los beneficios y costos adicionales de un límite global. El nivel del límite propuesto es tan bajo que sólo castiga al candidato aspirante que logra compensar, con dinero obtenido de sus adherentes, las ventajas del rival titular que busca la reelección. Por eso, el límite global «apernaría» a los titulares, reduciendo la competencia en política.

Es posible que esta ley sea fácilmente evadible, y por lo tanto irrelevante. Sin embargo, también puede ocurrir lo contrario: el Presidente de la República podría destinar, en las futuras leyes de Presupuestos, fuertes recursos a la fiscalización de esta ley, hasta obligar a los candidatos a revelar sus fuentes de fondos y a cumplir los límites globales al gasto.

Un estudio reciente revela que el proyecto de ley sobre «Límite y Control del Gasto Electoral» es inconstitucional. El límite al gasto lo es porque existen opciones que logran el mismo fin, pero sin reducir la comunicación política a los electores, por ejemplo una nueva Franja en medios de comunicación local que no perjudique los ingresos de esos medios. Tampoco pueden limitarse las donaciones de bienes directamente expresivos.

Este aparente «empate» estratégico no es tal. Como la Alianza está peor parada en materia de percepciones de honestidad financiera, entre los ciudadanos independientes y que no simpatizan con ningún partido, que son el 27,3% del electorado, está perdiendo muchos votos. Como esta desconfianza la perjudica, existen incentivos para que la Alianza cambie este escenario. Se ofrece una propuesta para ello.