El sentido de pertenencia como catalizador de una educación de calidad

Al comparar los dos tipos de establecimientos educacionales subvencionados se observan diferencias en la gestión educativa y administrativa financiera de éstos. Así, en general (considerando un mismo nivel socio-económico), la educación particular subvencionada presenta mejores rendimientos en las pruebas SIMCE que la educación municipal a la vez que, exhibe una gestión financiera más eficiente que esta última.
Tomando como referencia el diagnóstico esbozado, se propone abrir la opción de traspasar la administración (y potencialmente la propiedad del inmueble sujeta a una gestión adecuada) de escuelas municipales, en forma voluntaria y vía referéndum, a corporaciones o fundaciones educacionales privadas sin fines de lucro formadas básicamente por profesores. El traspaso se realizaría automáticamente, a través de una concesión por un período determinado, si el referéndum es aprobado por un 50% más uno de los votos de los profesores.
Es importante hacer notar que lo que se propone no es la “privatización» del sistema de educación pública municipal, sino que abrir o potenciar una nueva forma de gestión que, sin romper la tradición de docencia en nuestro país, permita rescatar o dar un cauce distinto al ethos de servicio público que caracterizó a la docencia en nuestro país durante muchos años. La idea es hacer posible la canalización descentralizada y autónoma de ese ethos, sin forzar la decisión y sobre la base de entidades docentes sin fines de lucro.
Asimismo, la propuesta básica se asienta sobre la creación de dos incentivos permanentes que potencien la calidad y equidad del sistema. Un primer incentivo consiste en premiar diferenciadamente (más fuertemente los avances obtenidos en los niveles de logro bajos) y con un tope las mejorías que se produzcan en los resultados del SIMCE a nivel de cada establecimiento educacional. Un segundo incentivo consiste en la creación de un subsidio equivalente a un porcentaje del valor unitario de la subvención por cada estudiante que pertenezca a una familia con un puntaje en la ficha CAS-2 igual o inferior a 520 puntos. Así, lo que se desea es hacer más atractivo a las escuelas subvencionadas atender las necesidades educacionales de los más pobres.

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