- La ley de bases del medio ambiente establece en uno de sus acápites un sistema de evaluación de impacto ambiental. Aquí se examinan el carácter y el significado de este sistema, procurando esclarecer así los cursos de acción a seguir, especialmente cuando dicho sistema detecte efectos ambientales no normados.
- Para ubicar la discusión en el escenario económico, se comienza con una breve exposición sobre el papel del Estado, la empresa y el mercado en materia de asignación de recursos, incluyendo los ambientales. Luego se sintetiza el concepto que tiene la ley 19.300 del problema ambiental y se discuten características operacionales del sistema de evaluación de impacto, examinando las situaciones no normadas.
- El SEIA es un programa público de impuesto-gasto, cuyo objetivo principal es proporcionar información básica al Estado, al inversionista y, en menor medida, a la ciudadanía.
- Como programa impuesto-gasto es discriminatorio, además de tener rasgos de progresividad, al centrarse sobre los proyectos con ‘dimensiones industriales’, para lo cual, presumiblemente, se tiene en mente alguna medida de activos totales o el nivel de uso de algún insumo. Por otra parte, sus variantes ‘Declaración’ y ‘Estudio’ implican también distintos niveles de producción de información.
- Específicamente, se propone que los impactos no normados no constituyan argumento para rechazar proyectos. Sin embargo, ello no implica que la «Declaración» o el «Estudio» deba omitir dichos impactos del respectivo informe. Al contrario, porque ése es precisamente el sentido último del sistema: generar información útil a la sociedad, un bien público.
- Al establecer este programa impuesto-gasto con carácter de incidencia progresiva, el Estado asume implícitamente la tarea de cumplir con la tarea más básica: producir antecedentes sobre impactos ambientales en los casos no cubiertos por el programa
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